Propósito General y Objetivo Principal

El proyecto de resolución tiene como propósito general adoptar las políticas de prevención del daño antijurídico para el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el período 2026-2027. La iniciativa busca fortalecer la gestión pública mediante la implementación de estrategias que reduzcan la litigiosidad y las condenas contra el Estado, alineándose con el Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE) y en cumplimiento de la legislación vigente, en particular la Ley 2220 de 2022 y la Ley 2294 de 2023. El objetivo principal radica en mitigar los riesgos jurídicos asociados con actos, hechos y omisiones administrativas, optimizando la respuesta a solicitudes ciudadanas, y promoviendo la eficacia y transparencia en la gestión administrativa. Se enfoca especialmente en atender el incremento de acciones tutelares por vulneración del derecho de petición, beneficiando a los funcionarios del Ministerio y a la ciudadanía en general.

Nuevas Disposiciones y Mecanismos Introducidos

El proyecto formaliza un plan estratégico que incluye la identificación de las causas generadoras de litigiosidad, con especial atención a los derechos de petición que presentan un aumento significativo en las acciones de tutela. Se introduce un plan de acción detallado que contempla:

• Implementación de herramientas informáticas para la gestión eficiente de derechos de petición, que permitan clasificar, automatizar y priorizar respuestas.
• Capacitaciones semestrales presenciales y virtuales dirigidas a áreas con mayor índice de morosidad en la respuesta a solicitudes ciudadanas, como Sistemas de Información, Licitaciones y Contratos, Talento Humano, Nacionalización y Consulados.
• Establecimiento de lineamientos claros para la elaboración de respuestas precisas, congruentes y de fondo, con el fin de reducir la posibilidad de impugnaciones legales.
• Alertas y seguimiento...