Propósito general y objetivos del proyecto de resolución

El proyecto de resolución tiene como finalidad adoptar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2025-2034 (PNISDSDR), contenida en un anexo técnico que forma parte integral del documento. La política busca avanzar hacia el reconocimiento y garantía efectiva, respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población colombiana, además de promover una sexualidad plena y saludable. El objetivo principal es implementar acciones transectoriales que reduzcan brechas y barreras para el ejercicio pleno de estos derechos, atendiendo los determinantes sociales, culturales, económicos y territoriales que afectan su garantía. Los objetivos específicos incluyen:

• Transformar normas sociales y de género para fortalecer relaciones basadas en el respeto y reconocimiento de la sexualidad a lo largo del curso de vida.
• Fortalecer la gobernanza territorial, capacidades institucionales y participación social para la protección efectiva de los derechos sexuales y reproductivos.
• Garantizar protección, integridad y vida libre de violencias y prácticas nocivas que vulneren estos derechos.
• Asegurar acceso universal, efectivo, equitativo y oportuno a atención integral y de calidad en salud sexual y reproductiva, incluyendo respuestas ante crisis y emergencias.
• Garantizar el ejercicio pleno de dichos derechos en sujetos de especial protección constitucional, como pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y población en movilidad.

Cambios e innovaciones relevantes

El proyecto introduce una actualización integral de la política nacional, incorporando avances normativos, jurisprudenciales y sociales recientes. Se evidencia un enfoque integral y progresivo que reconoce la sexualidad como una dimensión central del bienestar humano y la justicia social, y que estos derechos son inalienables y universales, pero situados y mediados por factores contextuales y sociales. Entre las innovaciones destacan:

• La adopción de un modelo de gestión transectorial que trasciende la coordinación tradicional, promoviendo una gobernanza colaborativa que integra sectores como salud, educación, justicia, trabajo, cultura y protección social.
• La incorporación explícita de enfoques de derechos humanos, género, étnico-cultural, territorial, discapacidad, interseccionalidad y curso de vida, con atención diferenciada a grupos vulnerables.
• La ampliación del alcance de la política para incluir temas emergentes como la erradicación del matrimonio infantil, la atención integral a personas LGBTIQ+, la salud menstrual, el cuidado en climaterio y menopausia, la prevención y atención de violencias digitales, violencia obstétrica, reproducción asistida y endometriosis.
• El fortalecimiento de la educación integral en sexualidad (EIS) como eje estratégico para la transformación cultural y la promoción de relaciones sanas y respetuosas.
• La creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, con participación ciudadana y veeduría social.

Medidas específicas propuestas

El proyecto establece un plan de acción detallado con líneas de intervención concretas para cada eje estratégico, entre las que se incluyen:

• Ampliación progresiva de la Educación Integral en Sexualidad en todos los niveles educativos y entornos sociales, con recursos pedagógicos accesibles y culturalmente pertinentes.
• Implementación de estrategias de sensibilización y formación ciudadana para desmantelar estereotipos de género y promover derechos sexuales y reproductivos, incluyendo campañas en medios y plataformas digitales.
• Fortalecimiento de la gobernanza multinivel y territorial, con creación de instancias intersectoriales en departamentos y distritos para la gestión integral de la política.
• Capacitación continua del talento humano en salud con enfoque en derechos, género, interculturalidad e interseccionalidad, para garantizar atención integral, humanizada y culturalmente adecuada.
• Garantía de acceso efectivo y libre de barreras a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), anticoncepción, atención prenatal, parto humanizado, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual y atención a víctimas de violencia sexual.
• Desarrollo e implementación de protocolos y acciones para la erradicación de prácticas nocivas como mutilación genital femenina, matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas.
• Atención diferencial y garantías para poblaciones en situación de movilidad humana, personas con discapacidad, comunidades étnicas, personas en habitabilidad de calle y víctimas del conflicto armado.
• Incorporación de la salud sexual y reproductiva en la gestión del riesgo, emergencias y crisis humanitarias, incluyendo el aseguramiento del Paquete Mínimo de Servicios Iniciales (PSIM) y unidades móviles de atención.
• Establecimiento de mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, con informes públicos anuales y evaluaciones quinquenales lideradas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, con apoyo de la Comisión Nacional Intersectorial.

Impacto y alcance potencial

La política busca reducir significativamente las brechas de inequidad y barreras estructurales que limitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, especialmente en zonas rurales, territorios con alta presencia de población étnica, y grupos en situación de vulnerabilidad social. Se espera que la implementación efectiva de esta política:

• Promueva la transformación cultural hacia relaciones basadas en respeto, equidad y autonomía.
• Fortalezca la capacidad institucional y la coordinación intersectorial para garantizar servicios de calidad y accesibles.
• Reduzca la incidencia de violencias de género, prácticas nocivas y violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.
• Amplíe el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural, territorial y diferencial.
• Consolide mecanismos de participación social y control ciudadano que fortalezcan la exigibilidad y rendición de cuentas.
• Contribuya al cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad de género y desarrollo sostenible.

Participación de actores clave

El proyecto es una iniciativa conjunta de cinco ministerios: Salud y Protección Social; Educación Nacional; Igualdad y Equidad; Trabajo; y de las Culturas, las Artes y los Saberes. Además, establece el papel fundamental de la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos como instancia técnica y de coordinación. La implementación territorial involucrará a autoridades departamentales, distritales y municipales, quienes deberán adaptar el plan de acción a sus contextos y promover la participación activa de comunidades, organizaciones sociales, grupos de mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pueblos indígenas, afrodescendientes y otros sectores vulnerables. Asimismo, el proyecto contempla la cooperación de entidades de control como la Defensoría del Pueblo para la veeduría en materia de derechos humanos. La política también reconoce la importancia de la participación de la sociedad civil, academia, sector privado y organismos internacionales para una gestión colaborativa y sostenible. --- Este proyecto representa un marco normativo y programático integral y actualizado, que busca consolidar un enfoque de derechos humanos, equidad, inclusión y respeto a la diversidad para garantizar la plena realización de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia durante la próxima década. Su adopción y ejecución son un paso decisivo hacia un país más justo, saludable y respetuoso de la dignidad de todas las personas.