Entidad emisora, fecha y contexto normativo
La Resolución 1493 de 2025 fue emitida por la Defensoría del Pueblo el 24 de noviembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.329 el 9 de diciembre del mismo año. Esta norma se expide en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas a la entidad, en especial los artículos 209 de la Constitución Política, 3° y 23 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto Ley 025 de 2014.
Tema principal y destinatarios
El asunto central de la resolución es la adopción de una nueva tabla de perfiles y honorarios para la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que la Defensoría del Pueblo suscriba con personas naturales. La norma está dirigida principalmente a las dependencias internas de la entidad responsable de contratar, quienes deben aplicar estos lineamientos para asegurar que los contratos cumplan con los principios de idoneidad, eficiencia y economía.
Objetivo de la resolución
El propósito fundamental es actualizar y reglamentar de manera objetiva los perfiles profesionales y los montos honorarios aplicables en los contratos de prestación de servicios, reemplazando la tabla vigente desde principios de 2025. Esto busca evitar arbitrariedades y establecer criterios claros basados en la formación académica, experiencia y condiciones del mercado, en cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función administrativa.
Decisiones y regulaciones clave
La resolución establece:
- Una tabla de perfiles y honorarios que relaciona categorías profesionales con los requisitos mínimos de formación y experiencia, así como los valores máximos aplicables.
- La obligación de las áreas y dependencias de verificar la idoneidad y experiencia de los contratistas conforme a la reglamentación vigente.
- La inclusión de equivalencias entre títulos académicos y años de experiencia para efectos de evaluación de perfiles.
- Excepciones expresas para ciertos contratos, como servicios altamente calificados, trabajos artísticos que requieren contratación intuitu personae, peritos expertos, asesoría judicial, servicios contratados con personas jurídicas, y actividades ligadas a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La prohibición de pactar remuneraciones superiores a las establecidas para el jefe de la entidad, salvo en casos justificados de servicios altamente calificados, con certificación formal del representante legal que acredite dicha necesidad.
- La responsabilidad del contratista sobre sus obligaciones tributarias, incluyendo que los honorarios deben comprender todos los impuestos y contribuciones aplicables.
- La contabilización de experiencia laboral evitando duplicidades por traslapes temporales.
- La derogatoria expresa de la Resolución 0172 de 2025 a partir del 1° de enero de 2026.
Fundamento legal
La adopción de esta tabla se fundamenta en los principios constitucionales de la función administrativa (artículo 209), la regulación de la contratación estatal según la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, así como los decretos reglamentarios 1082 y 1068 de 2015, que establecen modalidades, límites y requisitos para la contratación directa y la remuneración de servicios profesionales.
Impacto y aplicación
Esta resolución orienta el procedimiento contractual en la Defensoría del Pueblo, asegurando que la selección y remuneración de contratistas se realice con base en criterios objetivos y transparentes. El nuevo instrumento normativo contribuirá a optimizar la asignación de recursos públicos, evitará prácticas arbitrarias y facilitará el cumplimiento de las funciones de la entidad. Su aplicación será obligatoria para todos los contratos suscritos a partir del 1° de enero de 2026, impactando la gestión administrativa y contractual en el mediano plazo.
En síntesis, la Resolución 1493 de 2025 representa un avance en la regulación interna de la Defensoría del Pueblo para la contratación de servicios profesionales, alineándose con los principios y normas que rigen la función pública en Colombia.
