Antecedentes del caso

En agosto de 2022, una acción popular fue interpuesta contra diversas entidades públicas y consorcios privados responsables de la construcción del corredor vial Barbosa - Concepción, ubicado en Antioquia. La demanda buscaba la protección de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso oportuno a los servicios públicos, a la prevención de desastres técnicamente previsibles y al desarrollo urbano acorde con las disposiciones legales, priorizando la calidad de vida de los habitantes. El origen del conflicto radica en constantes deslizamientos en un terreno cedido para la ejecución del corredor vial. A pesar de intervenciones previas para estabilizar el terreno, los deslizamientos persistieron, lo que motivó la solicitud de indemnización por perjuicios y la protección de derechos colectivos.

Decisión de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 6 de septiembre de 2024, reconoció la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles, atribuyendo responsabilidad al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a los consorcios encargados de la obra. En consecuencia, ordenó:

• Realización de un estudio técnico detallado para identificar soluciones que mitiguen los movimientos en masa en los tramos afectados, con un plazo de cuatro meses.
• Implementación de las obras necesarias para mitigar riesgos dentro de un término de seis meses tras la entrega de los estudios.
• Responsabilidad del municipio territorial para supervisar la ejecución de estas medidas y adoptar acciones preventivas adicionales.

Recursos de apelación y admisión

El consorcio y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presentaron recursos de apelación en septiembre de 2024, alegando, entre otros puntos, que su responsabilidad estaba limitada...