Providencia y tribunal que la profiere

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, emitió el auto de segunda instancia el 25 de noviembre de 2025, en el marco de un proceso de reparación directa. Esta decisión modifica la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “C”, fechada el 20 de septiembre de 2024.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó a partir de una demanda presentada contra diversas entidades públicas, incluyendo el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de Barranquilla, y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (EDUBAR), entre otras. El demandante alegó haber sido desalojado forzosamente de un kiosco ubicado en la vía pública de Barranquilla, donde desarrollaba actividad comercial informal, como parte de un proyecto de recuperación y restitución del espacio público vinculado al intercambiador vehicular y el acceso al Puente Pumarejo. El proceso administrativo incluyó censos y resoluciones sobre la reubicación y compensación de los comerciantes informales afectados. Sin embargo, el demandante no fue incluido en las listas de comerciantes beneficiados ni en las resoluciones administrativas pertinentes. Debido a ello, interpuso la demanda buscando la reparación de los daños materiales e inmateriales sufridos por el desalojo y la supuesta vulneración de derechos fundamentales como el derecho al trabajo y la confianza legítima. En primera instancia, el tribunal declaró de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y se inhibió de estudiar el fondo de la demanda, argumentando que no se acreditó que el demandante tuviera un...