Contexto y naturaleza de la decisión

El auto en cuestión fue emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, órgano encargado de conocer en primera y única instancia los procesos contencioso-administrativos. La providencia resuelve sobre la admisión de una demanda presentada contra un Decreto presidencial que modifica un decreto anterior, relativo a la delegación de funciones presidenciales durante un desplazamiento oficial del Presidente de la República.

Antecedentes fácticos y procesales

El Decreto 1009 de 2023 ajustó la fecha de regreso del Presidente de la República a Colombia, posponiéndola en un día debido a razones técnicas y cambios en la agenda oficial durante una visita internacional. En consecuencia, se extendió el período durante el cual el Ministro de Hacienda y Crédito Público ejerce funciones legales y constitucionales como Ministro Delegatario, es decir, en ejercicio de funciones presidenciales. Los demandantes impugnaron este decreto, generando un proceso judicial en el Consejo de Estado. Al tratarse de un acto que delega funciones presidenciales, la competencia para conocer el asunto corresponde a la Sección Quinta de la misma corporación, especializada en asuntos electorales y relacionados con la designación de cargos de alta investidura.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Consejo de Estado reiteró que los decretos que designan un Ministro Delegatario poseen una naturaleza especial, distinta de la delegación administrativa ordinaria. Esto se debe a que implican la transferencia temporal de la investidura presidencial, confiriendo al delegado amplias facultades, como la posibilidad de decretar estados excepcionales, entre otras atribuciones propias del Jefe de Gobierno. Por ello, conforme al artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y al...