Contexto y antecedentes del caso

La Fundación para el Estado de Derecho presentó una demanda de nulidad contra la Nación, representada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios. La acción busca anular la Resolución 289 del 3 de septiembre de 2025, la cual modifica parcialmente la Resolución 161 de 2024 que declaró como áreas de protección para la producción de alimentos varios municipios del sur del departamento de La Guajira. El acto administrativo cuestionado incluye un documento técnico y sus anexos que sustentan la modificación. El proceso se encuentra en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, instancia encargada de conocer recursos contra actos administrativos de carácter nacional. Inicialmente, la demanda fue radicada ante la Sección Tercera, subsección A, especializada en asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros.

Consideraciones jurídicas sobre la competencia

El Consejo de Estado, con base en el artículo 110 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Acuerdo 080 de 2019, recordó que la Sala de lo Contencioso Administrativo se divide en cinco secciones, cada una con especialización para atender diferentes categorías de procesos. Según el artículo 13 del mencionado acuerdo, la Sección Primera tiene competencia para conocer asuntos ambientales y aquellos no asignados expresamente a otras secciones. La Sección Tercera conoce procesos que involucran materias agrarias en un sentido estricto, incluyendo nulidades relacionadas con adjudicaciones de baldíos, expropiaciones agrarias y actos administrativos expedidos por entidades agrarias específicas. En este caso, el Consejo de Estado señaló que la controversia no...