Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución presentado por la DIAN tiene como propósito fortalecer la política institucional de prevención del daño antijurídico, específicamente dirigida a reducir la litigiosidad y evitar fallos condenatorios derivados de divergencias en la interpretación y aplicación de las normas tributarias y aduaneras. Esta iniciativa busca consolidar una cultura institucional basada en la unificación de criterios doctrinales, mejorar la seguridad jurídica y la calidad técnica de las actuaciones administrativas, protegiendo así el patrimonio público.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto establece un plan de acción que incluye diversas medidas concretas para lograr sus objetivos, entre las que destacan:
- El estudio y aplicación prioritaria de sentencias de unificación y tendencias jurisprudenciales en la doctrina oficial de la entidad, con plazos definidos para su análisis y adopción.
- La revisión y aplicación en la doctrina oficial de decisiones adoptadas en sede administrativa que generen diferencias de criterio, buscando uniformar interpretaciones.
- La realización trimestral de jornadas virtuales de socialización dirigidas a servidores públicos, para difundir jurisprudencia relevante y modificaciones doctrinales derivadas de fallos judiciales.
- La reorientación de labores de fiscalización y liquidación mediante informes semestrales que identifiquen resoluciones revocadas o modificadas, para proponer medidas preventivas y correctivas que unifiquen criterios.
- La realización anual de mesas de estudio donde se analicen dificultades en interpretación jurídica, valoración probatoria y trámites administrativos, con el fin de adoptar medidas que prevengan daños.
- La articulación con comités técnicos y direcciones de fiscalización para integrar la política en programas y campañas de control, así como en la gestión de impuestos y aduanas.
- La implementación de un programa de capacitación permanente y obligatorio, con al menos 30 horas anuales, enfocadas en hermenéutica jurídica, análisis jurisprudencial y argumentación jurídica, dirigido a servidores públicos vinculados a áreas claves de la entidad.
- La incorporación de la política de prevención del daño antijurídico en los planes de acción institucional, acuerdos de gestión y compromisos laborales de los servidores públicos involucrados.
Impacto y alcance potencial
La adopción de esta política espera generar un impacto positivo en la disminución de litigios y fallos adversos que afectan a la DIAN y, por ende, al Estado y los contribuyentes. Al unificar criterios y mejorar la calidad técnica y jurídica de las actuaciones administrativas, se fortalece la seguridad jurídica, se protege el patrimonio público y se promueve una gestión más eficiente y transparente en los procesos tributarios y aduaneros. Además, la capacitación y socialización garantizan que el conocimiento actualizado llegue a todo el personal involucrado, facilitando la adecuada aplicación de las normas.
Participación de actores clave en la implementación
El proyecto involucra a diversas dependencias dentro del nivel central y las direcciones seccionales de la DIAN, incluyendo áreas de gestión jurídica, fiscalización, representación externa, normativa y doctrina. Se conformó un grupo interdisciplinario que integra estas dependencias para asegurar una implementación coordinada. Asimismo, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad juega un papel central en la formulación, aprobación y seguimiento de la política. Esta articulación institucional es clave para garantizar la efectividad y coherencia en la aplicación de las medidas.
La propuesta normativa se fundamenta en mandatos constitucionales y legales, como el artículo 90 de la Constitución Política, y desarrolla directrices establecidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). No genera impacto económico ni ambiental, y su cumplimiento es obligatorio para todos los servidores públicos y contratistas que participen en las funciones relacionadas con la determinación y defensa de las obligaciones tributarias y aduaneras.
Con esta iniciativa, la DIAN reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la legalidad en la gestión pública, promoviendo un entorno de mayor confianza entre la entidad, los contribuyentes y la sociedad en general.
