El pasado 22 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional de Colombia dio un paso jurídico trascendental al expedir el Decreto 1390, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. Esta medida, amparada en el artículo 215 de la Constitución Política, otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a enfrentar una crisis que el gobierno describe como grave e inminente.

Las razones del Ejecutivo: Una "tormenta perfecta" fiscal

La administración central fundamenta esta declaratoria en lo que denomina una "incapacidad material y jurídica" para garantizar derechos fundamentales y servicios públicos esenciales bajo las condiciones actuales. El documento detalla varios hechos sobrevinientes que, a juicio del gobierno, han desestabilizado las finanzas de la Nación:

• Crisis en el financiamiento de la salud: El cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional para equiparar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado con el contributivo requiere, según estimaciones oficiales, recursos adicionales por $3,3 billones para 2026.
• Deterioro del orden público: Se alega una agudización de la inseguridad por ataques con nuevas tecnologías y paros armados, lo que exige $3,7 billones adicionales para reforzar a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).
• Revés legislativo: El gobierno nacional subraya que la no aprobación de los proyectos de ley de financiamiento para 2025 y 2026 dejó un vacío presupuestal de aproximadamente $28,3 billones.
• Factores externos y climáticos: Se mencionan las afectaciones por la ola invernal...