Providencia judicial de la Corte Constitucional en segunda instancia

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, emitió la sentencia T-520 de 2025, acumulando dos expedientes de tutela. En ellos se analizaron denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales al buen nombre, honra, dignidad, igualdad, derecho de petición y a una vida libre de violencia, en el marco de publicaciones realizadas en redes sociales y medios de comunicación.

Antecedentes y contexto de los casos

En el primer expediente, una gobernadora del departamento del Valle del Cauca presentó acción de tutela contra un diputado de la Asamblea Departamental y un representante a la Cámara, quienes a través de sus perfiles en redes sociales difundieron mensajes críticos que, según la accionante, vulneraron sus derechos fundamentales. Dichas publicaciones contenían señalamientos relacionados con investigaciones judiciales y acusaciones que no reflejaban la totalidad de las decisiones judiciales, generando además un ambiente de violencia y hostigamiento en línea. En el segundo expediente, una senadora, exintegrante de un grupo armado ilegal que se acogió al Acuerdo Final de Paz, interpuso tutela contra un medio de comunicación y una periodista por la difusión de información que atribuía hechos delictivos sin condenas judiciales en su contra. Adicionalmente, denunció publicaciones realizadas por un tercero en redes sociales que agravaban la situación, afectando su dignidad y seguridad, en un contexto de implementación del proceso de paz y reincorporación política.

Consideraciones jurídicas de la Corte Constitucional

La Corte analizó la legitimación activa y pasiva, la inmediatez y subsidiariedad de las acciones de tutela, concluyendo que ambas tutelas cumplían...