Contexto y referencia del proyecto
El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio de Minas y Energía en 2025, buscaría adicionar el Decreto 1073 de 2015, específicamente en lo relacionado con la reglamentación de la Ley 2045 de 2020. Esta ley establece criterios para priorizar inversiones en proyectos de prestación de servicios públicos domiciliarios y en planes de inversión social vinculados a los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
El decreto modificaría normativas vigentes que regulan las actividades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidades encargadas de administrar los recursos hidrocarburíferos y mineros, respectivamente.
Tema principal y alcance del proyecto
El proyecto tendría como objetivo principal establecer criterios claros para la priorización de inversiones en proyectos de prestación de servicios públicos domiciliarios dentro de los Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC) en el sector de hidrocarburos, así como en los Planes de Gestión Social (PGS) en el sector minero. Estas disposiciones aplicarían a los contratos perfeccionados a partir de 2021 y podrían extenderse a contratos anteriores que expresen su voluntad de acogerse a esta regulación.
Los sectores afectados serían principalmente las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos mineros y petroleros, quienes se beneficiarían de inversiones orientadas a mejorar la calidad de vida mediante acceso a servicios públicos domiciliarios.
Modificaciones y nuevas disposiciones
Entre los cambios relevantes que introduciría el proyecto, se incluirían:
- Establecimiento de criterios para priorizar inversiones, tales como la participación ciudadana, viabilidad técnica, económica, ambiental y social, y la manifestación de interés por parte de empresas de servicios públicos.
- Fijación de un valor mínimo anual para las inversiones, equivalente al 1% del valor total de la inversión en los programas operativos de hidrocarburos o de la utilidad neta en minería.
- Incorporación de energías renovables alternativas en los proyectos, buscando una transición energética justa mediante inversiones en energía eléctrica, cocción de alimentos y tratamiento de aguas.
- Posibilidad de cofinanciar proyectos con recursos de los PBC o PGS, en coordinación con entidades territoriales y empresas de servicios públicos.
- Reglamentación detallada para la adopción de estos criterios en los contratos y planes sociales, con sanciones previstas en caso de incumplimiento.
Acciones y obligaciones para los contratistas
Los contratistas de los contratos de exploración y producción de hidrocarburos y los titulares de concesiones mineras tendrían la obligación de incluir en sus programas sociales los criterios de priorización mencionados. Además, deberían verificar la existencia de proyectos financiados por otras fuentes para evitar duplicidades, acordar con las comunidades y autoridades territoriales la priorización de inversiones, y adelantar las acciones necesarias ante las autoridades competentes.
Participación de actores clave
El Ministerio de Minas y Energía, a través de la ANH y la ANM, sería responsable de adoptar los lineamientos y reglamentaciones necesarias para implementar las disposiciones del proyecto. Las entidades territoriales, las empresas prestadoras de servicios públicos y las comunidades organizadas también participarían en la definición y ejecución de los proyectos de inversión social.
Información adicional y participación ciudadana
El proyecto de decreto habría sido publicado en la página web del Ministerio de Minas y Energía en dos periodos: del 23 de noviembre al 8 de diciembre de 2023 y del 5 al 30 de marzo de 2025, durante los cuales se habrían recibido y analizado comentarios de la ciudadanía, los cuales fueron incluidos en una matriz de respuestas. De este modo, se habría garantizado la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa.
Para acceder al texto completo del proyecto y realizar observaciones, se recomendaría consultar el portal oficial del Ministerio de Minas y Energía durante los períodos de consulta pública establecidos.
Este proyecto de decreto aún no se encuentra en vigencia y está sujeto a los procesos de aprobación correspondientes para su eventual promulgación. Su implementación busca fortalecer la gestión social en los sectores de hidrocarburos y minería, promoviendo inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida en las comunidades afectadas por estas actividades.
