Propósito y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito general establecer medidas que aseguren la confiabilidad, complementariedad y continuidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), frente a riesgos financieros derivados de las deudas acumuladas por empresas del sector intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Su objetivo principal es mitigar el riesgo sistémico que podría afectar la prestación del servicio, garantizando la estabilidad del suministro eléctrico y protegiendo a los usuarios finales en todo el territorio nacional.
Nuevas disposiciones y mecanismos propuestos
Entre las innovaciones relevantes que introduce el proyecto se encuentran:
- La reglamentación e implementación, por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de un esquema de confiabilidad para el SIN, que deberá estar listo en un plazo máximo de seis meses. Este esquema permitirá gestionar el riesgo sistémico mediante mecanismos de liquidación y valoración de la energía suministrada, asegurando el abastecimiento de la demanda eléctrica.
- La imposición temporal de un valor complementario de ocho pesos por kilovatio-hora recaudado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) entre los usuarios finales, destinado a cubrir las obligaciones financieras pendientes de las empresas intervenidas. Los recursos serán distribuidos entre los agentes acreedores del mercado eléctrico, siguiendo los mecanismos regulatorios vigentes.
- La obligación para la CREG de realizar estudios y reglamentar, en un plazo máximo de 18 meses, la cuantificación, valoración y remuneración de la energía firme complementaria proveniente de tecnologías renovables como solar y eólica, incorporándolas dentro del esquema del cargo por confiabilidad.
Acciones y regulaciones establecidas
El proyecto establece que mientras la CREG desarrolla el esquema definitivo de confiabilidad, el ASIC deberá recaudar el valor complementario señalado para cubrir las deudas acumuladas a noviembre de 2025, correspondientes a conceptos liquidados por el ASIC y el Liquidador y Administrador de Cuentas (LAC). Asimismo, la CREG deberá considerar estos valores temporales en su reglamentación futura. También se destaca la necesidad de cuantificar correctamente la energía firme complementaria que aportan las nuevas tecnologías, especialmente en periodos críticos, para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Impacto esperado y alcance potencial
El proyecto busca prevenir afectaciones en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, evitando el riesgo financiero sistémico que podría comprometer la operación de generadores, transmisores y demás agentes del mercado. La implementación de estas medidas promoverá la sostenibilidad financiera del sector y garantizará la continuidad del suministro eléctrico para todos los usuarios del SIN, contribuyendo al cumplimiento de objetivos estratégicos de calidad, cobertura y sostenibilidad del servicio.
Participación de actores clave
El proyecto involucra la participación activa de diversas entidades y organismos del sector energético, entre ellos el Ministerio de Minas y Energía como entidad proponente y coordinadora, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) responsable de la reglamentación e implementación de los esquemas de confiabilidad, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) encargado de la recaudación temporal, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en su rol de supervisión y control sobre las empresas intervenidas. Además, se consideraron los aportes y comentarios de la ciudadanía durante el periodo de consulta pública del proyecto.
Este proyecto de resolución representa un paso importante para fortalecer la gestión del sector eléctrico colombiano frente a riesgos financieros y operativos, buscando asegurar un suministro eléctrico confiable, continuo y sostenible para la población. Su aprobación e implementación permitirán consolidar un marco regulatorio robusto que responda a los desafíos actuales del sector energético, garantizando beneficios a largo plazo para los usuarios y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
