Entidades emisoras y contexto normativo

La Resolución 40617 de 2025 fue emitida conjuntamente por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y publicada en el Diario Oficial No. 53.354 el 31 de diciembre de 2025. Esta decisión se fundamenta en diversas normas, entre ellas la Ley 26 de 1989, la Ley 1430 de 2010, la Ley 1955 de 2019 modificada por la Ley 2294 de 2023, la Ley 2135 de 2021, y los Decretos 1068 de 2015 y 931 de 2023, que otorgan facultades para regular aspectos relacionados con los combustibles líquidos y las zonas de frontera.

Tema principal y destinatarios

La resolución regula las proporcionalidades aplicables al cálculo del ingreso al productor para la gasolina motor corriente y el ACPM que se distribuyen en municipios reconocidos oficialmente como zonas de frontera. Estos municipios están ubicados en departamentos fronterizos como Amazonas, Arauca, La Guajira, Nariño, entre otros, y son beneficiarios de un régimen especial que incluye exenciones tributarias y beneficios en la cadena de distribución de combustibles. El público destinatario principal son las empresas productoras y distribuidoras de combustibles, así como las autoridades locales y nacionales encargadas de la implementación y supervisión de estas políticas.

Objetivo y finalidad de la resolución

El propósito central de la Resolución 40617 es establecer las nuevas proporcionalidades para el cálculo del ingreso al productor en las estructuras de precios de la gasolina y ACPM en las zonas de frontera, con el fin de ajustar la metodología que regirá a partir del 1° de enero de 2026. Esto permite consolidar un esquema tarifario regulado que favorece la distribución eficiente y económica de combustibles en regiones que requieren estímulos para su desarrollo económico y social.

Decisiones y regulaciones principales

La resolución dispone que para la estimación de las estructuras de precios de la gasolina motor corriente y el ACPM en las zonas de frontera, se debe aplicar una proporcionalidad específica sobre el ingreso al productor, que varía según cada municipio. Por ejemplo, en el departamento de La Guajira la proporcionalidad para la gasolina motor corriente es del 97,49%, mientras que en El Molino es del 82,46%. Es importante señalar que estas proporcionalidades se aplican únicamente sobre el componente fósil del combustible, excluyendo el porcentaje correspondiente a biocombustibles en la mezcla. Además, la resolución deroga expresamente la Resolución 40592 de 2025 y establece la vigencia de las nuevas disposiciones a partir del primer día de 2026.

Base legal y modificaciones

Esta regulación se fundamenta en un marco normativo amplio que incluye leyes y decretos que regulan la acción estatal en zonas de frontera, la cadena de distribución de combustibles y la metodología para la fijación de precios y márgenes en el mercado regulado. Destaca la coordinación entre ambos Ministerios para definir un régimen especial de precios con beneficios tributarios y económicos, conforme a las facultades otorgadas por las normas citadas. La resolución modifica y actualiza disposiciones recientes, adecuando las proporcionalidades para adaptarlas a las condiciones actuales del mercado y la política pública.

Impacto potencial

La implementación de estas proporcionalidades busca incentivar el abastecimiento eficiente y económico de combustibles en zonas fronterizas, facilitando el acceso a precios más competitivos y promoviendo el desarrollo regional. Asimismo, contribuye a la consolidación de un régimen regulatorio adaptado a las particularidades de estas zonas, con beneficios tributarios y económicos que pueden impactar positivamente en la economía local y en la calidad de vida de los habitantes. Esta resolución es un paso relevante para articular la política energética y social en regiones estratégicas del país, atendiendo las disposiciones legales que buscan fortalecer las zonas de frontera mediante regímenes especiales y regulaciones específicas en materia de combustibles. De esta manera, se espera que estas nuevas medidas impulsen la competitividad y generación de oportunidades en estas áreas, promoviendo un desarrollo integral y sostenible para sus comunidades.