Entidad emisora y contexto normativo
La Resolución 42 de 2026 fue emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 2 de enero de 2026 y publicada en el Diario Oficial No. 53.355 el mismo día. Esta resolución se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley 1753 de 2015, que establece el marco legal para la fijación anual de las tarifas por derechos de verificación metrológica. Además, se fundamenta en normativas complementarias como el Decreto 1074 de 2015 y disposiciones específicas de la Circular Única de la Superintendencia.
Tema principal y destinatarios
El asunto central de esta resolución es la actualización de los costos que deben pagar los titulares de instrumentos de medición sujetos a control metrológico por los servicios prestados por los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM). Los destinatarios principales son los usuarios titulares de estos instrumentos, quienes tienen la obligación legal de permitir la verificación y sufragar los costos correspondientes. Este grupo es relevante porque sus acciones garantizan la confiabilidad de las mediciones usadas en transacciones comerciales y actividades reguladas.
Objetivo y finalidad de la resolución
El objetivo es actualizar las tarifas de los servicios de verificación metrológica para el año 2026, con base en el incremento del salario mínimo legal vigente autorizado por el Gobierno nacional, con una tasa fijada en un 23%. Esto busca reflejar los costos reales asociados a la prestación del servicio y asegurar la continuidad y calidad en el control metrológico.
Decisiones y regulaciones principales
La resolución establece que:
- Los derechos de verificación metrológica que deben pagar los titulares de instrumentos serán actualizados conforme al incremento salarial y aplicarán desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica sólo podrán cobrar las tarifas fijadas en esta resolución, sin adicionar ningún otro concepto adicional.
- Se exceptúa el pago de la verificación posterior a reparaciones o modificaciones del instrumento cuando el procedimiento haya sido reportado en el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL) dentro de los dos días calendario siguientes a la visita de verificación periódica.
- El incumplimiento de estas disposiciones estará sujeto a sanciones conforme a la Ley 1480 de 2011.
Base legal y antecedentes
La actualización tarifaria se fundamenta en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, que regula la fijación anual de costos por servicios de verificación metrológica y la responsabilidad de los titulares de instrumentos de medición. Complementariamente, se apoya en el Decreto 1074 de 2015, que establece las fases y responsabilidades en el control metrológico, y en diversas disposiciones de la Circular Única de la Superintendencia que regulan específicamente las obligaciones de los titulares y la actuación de los OAVM. La resolución también modifica la tarifa establecida en la Resolución 23 de 2025, ajustándola al incremento salarial autorizado por el Gobierno nacional.
Plazos y vigencia
La resolución entra en vigencia el 2 de enero de 2026 y sus disposiciones serán aplicables hasta el 31 de diciembre del mismo año, asegurando una actualización anual y transparente de las tarifas. La publicación en el Diario Oficial garantiza la difusión oficial y el conocimiento público de estos ajustes.
Impacto potencial
Esta actualización tarifaria contribuye a la estabilidad y claridad en el sistema de control metrológico colombiano, asegurando que los costos reflejen las condiciones económicas actuales. Al establecer límites claros a los cobros de los OAVM, se protege a los titulares de instrumentos de medición de cobros indebidos y se fortalece la confianza en el sistema de verificación metrológica. Además, al mantener la obligatoriedad de la verificación y el pago anticipado, se promueve la confiabilidad y exactitud en las mediciones utilizadas en distintas actividades comerciales e industriales a nivel nacional. Esta medida es fundamental para garantizar la transparencia y la equidad en la prestación de servicios esenciales para el comercio y la industria, impactando positivamente en la economía y la protección del consumidor.
