Contexto y competencia judicial

La decisión fue proferida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y ratificada por la Sala de Decisión Penal de Tutelas No. 3 de la Corte Suprema de Justicia, que conoce la impugnación en calidad de superior jerárquico. La controversia surge en torno a la tutela interpuesta por una persona privada de la libertad sindicada, recluida desde mayo de 2024 en el CTP La Norte, debido a su delicado estado de salud y las condiciones deficientes del centro de reclusión.

Antecedentes de la acción de tutela

El accionante padece una patología degenerativa severa en la columna lumbar, con compromiso neurológico y otras enfermedades asociadas, que requieren cirugía de artrodesis lumbar con instrumentación, rehabilitación y manejo farmacológico especializado. Sin embargo, el centro de reclusión donde se encuentra no cuenta con infraestructura hospitalaria ni personal médico adecuado, lo que agrava el deterioro de su salud y vulnera su dignidad humana. Además, la Entidad Promotora de Salud (EPS) no autorizó ni gestionó el tratamiento quirúrgico, incumpliendo su deber de garantizar el derecho a la salud. Ante la falta de respuesta institucional, el privado de la libertad solicitó el amparo judicial para que se ordenara la realización inmediata de la cirugía, el traslado a un hospital de tercer nivel y, subsidiariamente, la sustitución de la medida de aseguramiento por detención domiciliaria humanitaria.

Consideraciones de la Sala Penal del Tribunal Superior

El tribunal de primera instancia reconoció que la permanencia en el CTP La Norte, un centro transitorio con graves problemas de hacinamiento y deficiencias en atención médica,...