Propósito general del proyecto

El proyecto de resolución tiene como propósito adicionar un numeral al artículo 1.4.1.5 de la Resolución 227 de 2025, que compila la regulación tributaria, aduanera y cambiaria de la DIAN. Esta adición establece que los organismos de acción comunal, definidos en la Ley 2166 de 2021, quedan exceptuados de suministrar, actualizar y conservar información sobre sus beneficiarios finales en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), siempre que no celebren contratos, convenios o alianzas con entidades estatales o empresas públicas y privadas a nivel nacional o territorial.

Objetivo principal y sectores afectados

El objetivo principal es optimizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de reporte, adaptando la regulación a la realidad y capacidades de los organismos de acción comunal, los cuales desempeñan un papel fundamental en la participación ciudadana, el desarrollo social y comunitario. Esta medida busca reducir la carga administrativa y superar las barreras tecnológicas y de acceso a internet que enfrentan principalmente las organizaciones ubicadas en zonas rurales o con problemas de orden público. Los principales beneficiarios son los organismos de acción comunal, así como las entidades estatales encargadas de la supervisión y control tributario.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto incorpora un nuevo numeral al artículo 1.4.1.5 que excluye expresamente a los organismos de acción comunal de la obligación de reportar beneficiarios finales al RUB, condicionando esta exclusión a que dichas organizaciones no celebren contratos o alianzas con entidades del Estado o empresas públicas y privadas. En caso de que celebren este tipo de actos, la obligación de reporte se activaría conforme a lo establecido en el artículo 1.4.1.4 de la misma resolución.

Acciones y regulaciones específicas

El proyecto responde a las múltiples mesas de trabajo realizadas entre la DIAN, el Ministerio del Interior y la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, en las que se evidenciaron dificultades como falta de capacitación, baja conectividad y ausencia de canales presenciales en zonas con problemas de orden público. Durante 2024 y 2025, se ejecutaron campañas pedagógicas, conferencias, y se habilitaron canales de atención preferencial y puntos móviles para facilitar el cumplimiento de la obligación. A pesar de estos esfuerzos, solo el 43% de las Juntas de Acción Comunal inscritas en el Registro Único Tributario (RUT) había cumplido con el reporte a noviembre de 2025. La adición propuesta pretende formalizar la exclusión de estas organizaciones cuando no desarrollen actividades contractuales que impliquen riesgos.

Impacto esperado y alcance

La medida tiene un impacto significativo en la simplificación administrativa para los organismos de acción comunal, aliviando una carga que se ha considerado compleja y onerosa para estas entidades de naturaleza solidaria y sin ánimo de lucro. Además, fortalece la gestión diferenciada de riesgos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, alineándose con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los informes nacionales sobre riesgos sectoriales. Para el Estado, esta regulación permite focalizar los esfuerzos de supervisión en entidades con mayor riesgo, optimizando recursos.

Participación de actores clave

El proyecto es resultado de un proceso participativo que involucró la DIAN, el Ministerio del Interior y la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal. Estos actores realizaron mesas de trabajo, campañas de capacitación y definieron canales preferenciales de atención para facilitar el cumplimiento de las obligaciones. La DIAN también publicó el proyecto para consulta pública, cumpliendo con los requisitos de transparencia y participación ciudadana previstos en la Ley 1437 de 2011. En conclusión, este proyecto de resolución representa una adaptación normativa que busca equilibrar la exigencia de transparencia en el Registro Único de Beneficiarios Finales con las particularidades y capacidades de los organismos de acción comunal, contribuyendo a una gestión tributaria más eficiente y ajustada al contexto social y territorial colombiano. Esta iniciativa permitirá que dichas organizaciones continúen fortaleciendo su labor social sin la carga administrativa que hoy limita su operatividad en contextos de baja conectividad y recursos limitados, al tiempo que se mantiene un control eficaz sobre las entidades que representan un mayor riesgo en materia financiera y de transparencia.