Contexto y tribunal competente

El auto fue dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en Bogotá D.C., en el marco de un proceso de nulidad instaurado por la Defensoría del Pueblo contra el artículo 179 del Decreto 4800 de 2011. Esta norma reglamenta aspectos de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y fue expedida por el Presidente de la República junto con varios ministros y directores de entidades nacionales.

Antecedentes del proceso

La demanda fue admitida en 2015 y desde entonces el proceso ha atravesado diversas etapas, incluyendo la celebración de la audiencia inicial y la resolución de excepciones previas. Durante el trámite, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó su vinculación, solicitud que condujo a la intervención de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad adscrita a dicho departamento y administradora del Registro Único de Víctimas, herramienta técnica que recopila información sobre las víctimas del conflicto armado interno y que sustenta diversos beneficios. En 2022, la Unidad manifestó su interés de intervenir en el proceso en calidad de tercero interviniente, sin especificar en qué calidad pretende participar ni a cuál parte apoya.

Consideraciones jurídicas y requerimiento

El Consejo de Estado recordó que, conforme a los artículos 223 y siguientes del CPACA, la intervención de terceros en procesos de nulidad debe ser como coadyuvantes, quienes pueden apoyar al demandante o al demandado desde la admisión de la demanda hasta la audiencia inicial. En este caso, al tratarse de un proceso bajo el medio de control...