Contexto y tribunal competente

El Consejo de Estado, en su calidad de máxima autoridad en lo contencioso administrativo de primera instancia, examinó un auto interlocutorio referido a la posible acumulación de tres procesos de nulidad instaurados contra el Decreto 1275 de 2024, el cual regula el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y define las competencias de las autoridades indígenas en coordinación con otras entidades del Estado. Los procesos fueron acumulados inicialmente por el Despacho de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con base en la petición formulada por uno de los actores que ejercía el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Antecedentes fácticos y procesales

Los demandantes solicitaron la nulidad del Decreto 1275 de 2024, argumentando la vulneración de derechos y competencias en la regulación ambiental de los territorios indígenas. El Decreto fue expedido por el Gobierno Nacional, conformado por el Presidente de la República y los Ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tras la admisión de las demandas y la acumulación inicial de los procesos, una de las entidades demandadas, el Ministerio del Interior, interpuso recurso de reposición alegando la incompetencia funcional del Consejo de Estado para conocer del asunto, sosteniendo que la Corte Constitucional es la autoridad competente debido a que el decreto fue expedido con base en facultades conferidas en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política. La Corte Constitucional, por su parte, ya tramita varias demandas de inconstitucionalidad contra el mismo decreto, considerando que éste tiene rango de...