Competencia y naturaleza de la providencia

El auto fue proferido por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que es competente en única instancia para conocer de demandas contra actos administrativos de contenido general expedidos por autoridades nacionales. En este caso, la demanda se dirige contra el Decreto 1469 de 2025, una norma expedida por el Gobierno Nacional, a través de los ministros de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo, que fija el salario mínimo legal mensual para el año 2026.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitó la nulidad del decreto que fija el salario mínimo en 1.750.905 pesos colombianos a partir del 1º de enero de 2026. La demanda argumenta que el decreto viola varios artículos de la Constitución Política, la Ley 278 de 1996, principios administrativos como la legalidad y la motivación suficiente, así como la función social del Estado y jurisprudencia aplicable. El Consejo de Estado verificó que la demanda cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 162 del CPACA, incluyendo la designación de partes, claridad en las pretensiones, fundamentación de hechos y derecho, y solicitud de pruebas. Se constató además la publicación del decreto en el Diario Oficial, requisito para la procedencia de la acción.

Consideraciones principales de la providencia

El despacho confirmó su competencia para conocer del asunto, en razón de que se trata de un acto administrativo de carácter general expedido por autoridades nacionales. Se...