Contexto y antecedentes del caso

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, conoció un proceso de repetición interpuesto por la Rama Judicial contra varios funcionarios judiciales. La demanda, presentada en abril de 2021, busca la restitución de una suma pagada por la entidad debido a una condena patrimonial derivada de un proceso de reparación directa. Esta condena se relaciona con errores judiciales en fallos de tutela emitidos en 2006 por instancias judiciales penales. En julio de 2025, durante la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, se decretaron diversas pruebas, entre ellas documentos provenientes de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, archivos judiciales y expedientes relacionados con el caso. Sin embargo, la parte demandada y la Andje presentaron solicitudes adicionales y manifestaron dificultades para acceder a ciertos documentos digitales aportados al proceso.

Consideraciones clave del auto

El auto del 21 de enero de 2026 aborda principalmente tres puntos:

• Solicitudes de pruebas adicionales: La Sala negó las peticiones de la parte demandada y la Andje para incluir documentos que ya habían sido objeto de decisión en la audiencia inicial, en la que se denegaron oficios dirigidos a la Presidencia del Tribunal Superior y al Fondo de Previsión Social. La Sala enfatizó que intentar revivir estas solicitudes vulnera el principio de preclusión procesal, que impide repetir etapas ya decididas, y advirtió sobre posibles sanciones en caso de dilaciones injustificadas.
• Acceso a documentos digitales: Se aclaró que los documentos aportados por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de...