Contexto y tribunal competente

El auto fue proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, en Bogotá, en el marco de un recurso extraordinario de revisión en un proceso administrativo. Este recurso se presenta con carácter excepcional para analizar aspectos puntuales y no para reabrir la totalidad del debate fáctico. La providencia se refiere a la fase de decreto de pruebas, etapa fundamental para determinar qué elementos probatorios serán aceptados para sustentar las pretensiones y defensas de las partes.

Antecedentes del caso

La entidad demandante, un servicio público de acueducto y alcantarillado, interpuso un recurso extraordinario de revisión en un proceso administrativo contra un grupo de demandadas que actúan también en calidad de herederas. El asunto se relaciona con una controversia previa sobre responsabilidad administrativa y reparaciones derivadas de hechos ocurridos en procesos anteriores. En esta etapa, las partes solicitaron diversas pruebas documentales, testimoniales y declaraciones de parte para sustentar sus posiciones.

Consideraciones sobre el decreto de pruebas

El Consejo de Estado analizó pormenorizadamente las solicitudes de pruebas presentadas por ambas partes, aplicando los criterios legales establecidos en la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso (CGP), especialmente en relación con los artículos que regulan la admisión, práctica y valoración de las pruebas (artículos 165, 168, 191, 202 del CGP).

• Pruebas documentales: Se admitieron los documentos allegados con la demanda y la contestación, quedando disponibles para consulta de las partes y con el valor probatorio que en derecho corresponda.
• Solicitud de oficio a la Registraduría Nacional del Estado Civil: Fue negada debido a que la parte actora no acreditó haber realizado gestión previa para obtener el registro civil de defunción, incumpliendo la carga procesal prevista en el artículo 78 numeral 10 y artículo 173 del Código General del Proceso.
• Declaración de parte: La petición para que las demandadas rindieran declaración fue denegada. El tribunal recordó que este medio probatorio debe cumplir con los requisitos de pertinencia y utilidad, y que la declaración de parte, en la modalidad solicitada, tiene como finalidad primordial obtener confesión. En este caso, las versiones de las partes no pueden equipararse a prueba testimonial ni servir de fundamento para probar los hechos en debate.
• Prueba testimonial: Se negó la práctica de testimonios solicitados que pretendían reiterar hechos ya resueltos en el proceso originario. La Sala enfatizó que, dada la naturaleza excepcional del recurso de revisión, no procede ampliar ni redefinir el contenido probatorio previamente delimitado.
• Pruebas de oficio: Se admitió la incorporación de copias de procesos previos remitidos por el juzgado administrativo competente, los cuales permanecerán a disposición de las partes para su consulta y valoración.

Implicaciones procesales

El auto subraya la importancia del respeto a los requisitos procesales para la admisión de pruebas en la jurisdicción contencioso-administrativa, especialmente en recursos extraordinarios de revisión donde el principio de economía procesal y la limitación del objeto son determinantes. La decisión garantiza que únicamente se admitan elementos probatorios que cumplan con los estándares de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad, evitando la redundancia y dilación del proceso. Además, la providencia recuerda la carga procesal de las partes para adelantar gestiones previas, como en el caso de la solicitud de documentos oficiales, y delimita claramente el alcance y naturaleza de los medios probatorios, distinguiendo entre declaración de parte y confesión, así como entre prueba testimonial y documental. Finalmente, se dispone que, una vez ejecutoriado el auto, el expediente sea ingresado para dictar sentencia, continuando con el trámite judicial conforme a las normas vigentes. --- Esta decisión del Consejo de Estado reafirma la rigurosidad y el orden en el trámite probatorio dentro de los procesos contencioso-administrativos, promoviendo la eficiencia y el respeto por las garantías procesales.