Contexto y antecedentes del caso

En un proceso ejecutivo iniciado en diciembre de 2020, un grupo de demandantes presentó demanda para obtener el pago de una condena impuesta a la Fiscalía General de la Nación por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en 2014, dentro de un proceso de reparación directa. El Tribunal Administrativo de Santander libró mandamiento de pago en agosto de 2021 y ordenó continuar con la ejecución y liquidación del crédito en julio de 2022. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación presentó la liquidación del crédito y solicitó la terminación del proceso por pago total en junio de 2023. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Santander no aprobó dicha liquidación debido a diferencias con la presentada por el contador de la Corporación, negando la solicitud de terminación en enero de 2024, decisión que fue apelada por la parte ejecutada.

Naturaleza de la decisión y competencia judicial

El presente pronunciamiento corresponde a un auto proferido por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En este auto, la magistrada ponente determinó que la competencia para resolver el recurso de apelación corresponde al magistrado ponente de la sentencia que originó la condena, con base en el criterio de conexidad. En consecuencia, ordenó remitir el expediente al despacho correspondiente para su conocimiento.

Fundamentos jurídicos y consideraciones de la providencia

La Sala aplicó la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA) y sus modificaciones, reconociendo que, si bien la demanda se presentó antes...