Contexto y antecedentes del conflicto

La decisión fue proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en su función de superior común entre despachos de diferentes distritos judiciales. El conflicto de competencia surgió entre dos juzgados civiles municipales de oralidad, uno ubicado en Santiago de Cali y otro en Medellín, en relación con una demanda ejecutiva presentada por una sociedad comercial contra una aseguradora de vida. La acción buscaba el pago de sumas incorporadas en facturas electrónicas generadas por la atención obligatoria a una víctima de accidente de tránsito, con cargo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) de la parte demandada. El juzgado civil municipal de Cali rechazó la demanda por falta de competencia, argumentando que el domicilio de la entidad demandada era Medellín y que la factura no establecía expresamente que el cumplimiento de la obligación fuera en Cali. Por su parte, el juzgado de Medellín también se negó a conocer el proceso, señalando que la parte demandante había elegido el lugar de cumplimiento de la obligación como criterio de competencia, lo cual debía respetarse según el Código General del Proceso.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Sala destacó que ninguno de los juzgados civiles municipales involucrados tenía competencia para conocer la demanda, pues la materia corresponde a la especialidad laboral. La jurisprudencia reiterada de la Corte establece que las controversias relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), incluyendo el cobro de obligaciones dinerarias surgidas por la prestación de servicios de salud, deben ser conocidas por los jueces laborales. El...