Contexto y antecedentes del caso

El conflicto de competencia se suscitó entre el Juzgado Segundo Civil Municipal de un municipio y el Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la capital del país. La entidad pública demandante promovió una acción ejecutiva contra un particular para obtener el pago de una obligación contenida en un pagaré, atribuyendo la competencia al juzgado del lugar de cumplimiento de la obligación. El juzgado inicialmente demandado rechazó la demanda y remitió el proceso al juzgado de la capital, con base en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, que establece la competencia territorial privativa del domicilio de la entidad pública demandante. Sin embargo, el juzgado de la capital declinó la competencia y suscitó la colisión negativa, argumentando que debía aplicarse el numeral 5° del mismo artículo, que permite la competencia a prevención entre el juez del domicilio principal y el de la sucursal cuando el litigio se vincula a esta última.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Corte Suprema, en su calidad de superior funcional común, analizó el conflicto teniendo en cuenta la legislación vigente y la jurisprudencia reciente. Se destacó que el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso establece que la competencia territorial en procesos con entidades públicas corresponde al juez del domicilio de la respectiva entidad, sin importar si actúa como demandante o demandado. La Sala recordó que la definición de “entidad pública” abarca órganos, organismos o entidades estatales, así como sociedades en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50%. Además, enfatizó que...