Contexto y antecedentes del caso

El conflicto surgió entre la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, en relación con el conocimiento del grado jurisdiccional de consulta de una sanción impuesta por un juzgado civil del circuito especializado en restitución de tierras de Pasto. Dicha sanción fue decretada tras el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenaba a dos entidades de salud autorizar y entregar insumos médicos específicos en un plazo determinado. La accionante presentó un incidente de desacato luego de que no se cumpliera el fallo, lo que llevó al juzgado de primera instancia a declarar en desacato a los representantes legales responsables y a imponer sanciones tanto de arresto como pecuniarias. Posteriormente, el Tribunal Superior de Cali rehusó conocer el asunto, remitiéndolo a la Sala Civil Familia de Pasto, basándose en acuerdos previos que asignaban la segunda instancia en aspectos de tutela al tribunal del distrito judicial donde se tramitó la primera instancia. Por su parte, la Sala Civil Familia de Pasto también rechazó el conocimiento de la consulta, argumentando que la jerarquía funcional había sido modificada y que, conforme a recientes acuerdos, el superior jerárquico y funcional de los juzgados civiles del circuito especializados en restitución de tierras de Pasto corresponde al Tribunal Superior de Cali.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali, en ejercicio de su competencia y conforme al artículo 16 de la Ley 270 de 1996 modificado por la Ley 1285 de 2009, y en armonía con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso, analizó el conflicto. Se recordó que la acción de tutela, como mecanismo constitucional preferente y sumario, debe ser conocida por la autoridad judicial legalmente facultada, atendiendo al principio del debido proceso, que exige competencia jurisdiccional adecuada. El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 regula la competencia preventiva y territorial de estas acciones, mientras que el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 establece el factor funcional, determinando qué autoridad judicial debe conocer las impugnaciones según la calidad del funcionario demandado. La Sala enfatizó que la Corte Suprema de Justicia, en reciente jurisprudencia, ha reconocido que la superioridad jerárquica funcional de los juzgados civiles especializados en restitución de tierras de Pasto corresponde al Tribunal Superior de Cali, conforme a los Acuerdos PCSJA24-12141 y PCSJA24-12142 de enero de 2024. Esta configuración modifica el esquema anterior y debe ser tenida en cuenta para definir la competencia en procesos de tutela y sus incidentes. Asimismo, se destacó que la Corte Constitucional ha sostenido que el factor funcional opera para asignar el conocimiento de las impugnaciones de sentencias de tutela exclusivamente a las autoridades que ostenten la calidad de superior jerárquico correspondiente, garantizando así la eficacia y celeridad del procedimiento.

Decisión y efectos procesales

Como resultado, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali declaró que es competente para conocer en primera instancia la acción de tutela y la consulta del incidente de desacato en cuestión. En consecuencia, ordenó la remisión inmediata del expediente desde el juzgado de Pasto a la Sala de Cali, para que continúe el trámite respectivo. Además, se dispuso comunicar esta decisión a las partes involucradas y a los despachos judiciales competentes. Esta resolución reafirma la importancia de la correcta aplicación del factor funcional de competencia en procesos de restitución de tierras y tutela, asegurando la adecuada administración de justicia en esta materia especializada. Con esta determinación, se busca garantizar que las acciones judiciales relacionadas con la restitución de tierras y el cumplimiento de tutelas sean tramitadas por la autoridad adecuada, fortaleciendo así la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados.