Registro de deudores alimentarios morosos y sus consecuencias

La Ley Estatutaria 2097 de 2021 estableció el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) como mecanismo para controlar el incumplimiento de obligaciones alimentarias establecidas en sentencias, acuerdos o títulos ejecutivos. Entre las consecuencias más relevantes se encuentra la inhabilidad para celebrar contratos con el Estado para quienes estén inscritos, hasta que se pongan al día con sus obligaciones. Esta inhabilidad también afecta a los representantes legales de las personas jurídicas que aspiren a contratar con entidades estatales. Esta restricción se suma a las ya establecidas en la Ley 80 de 1993 y otras normas relacionadas con la contratación pública.

Aplicación de la inhabilidad a patrimonios autónomos

Una consulta reciente dirigida a la Agencia Nacional de Contratación Pública planteó si la exigencia del certificado REDAM aplica a patrimonios autónomos (fideicomisos) con NIT independiente pero sin personería jurídica, y si es procedente exigir el certificado al representante legal de la fiduciaria. La agencia aclaró que los patrimonios autónomos, aunque son receptores de derechos y obligaciones mediante el contrato de fiducia, no son personas naturales ni jurídicas. Por lo tanto, no pueden ser deudores morosos de alimentos ni inscritos en el REDAM. En consecuencia, la restricción para contratar con el Estado no aplica directamente a estas figuras. Sin embargo, la entidad contratante deberá evaluar cada caso concreto dentro del procedimiento contractual correspondiente, dado que la agencia no tiene competencia para definir criterios universales o absolutos en consultas particulares.

Extensión de la inhabilidad a representantes legales y personas jurídicas

La Corte Constitucional ha ratificado la constitucionalidad de extender las consecuencias del REDAM a los...