El Ministerio de Transporte, a través de la Coordinación del Grupo de Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica, respondió a una consulta sobre si una institución educativa puede realizar un convenio interadministrativo con un ente municipal para prestar el servicio de transporte escolar.

Marco normativo y definiciones clave

Según el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, el transporte público es un servicio público esencial regulado por el Estado, que prioriza el interés general, especialmente garantizando la prestación del servicio y la protección de los usuarios. Por otro lado, el transporte privado busca satisfacer necesidades de movilización dentro de actividades exclusivas de personas naturales o jurídicas, debiendo cumplir con la normatividad del Ministerio de Transporte. El Decreto 1079 de 2015 reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor especial, que se presta bajo la responsabilidad de empresas habilitadas para atender grupos específicos como estudiantes, turistas o personas con movilidad reducida. Para el transporte de estudiantes, se requiere la suscripción de un contrato entre la entidad territorial, padres de familia o representantes legales, y una empresa de transporte autorizada.

Condiciones para la prestación del servicio de transporte escolar

El decreto establece que los establecimientos educativos pueden prestar el servicio privado de transporte escolar exclusivamente a sus alumnos, siempre que los vehículos sean de su propiedad. En caso de no contar con equipos propios, deben contratar el servicio con empresas legalmente habilitadas para transporte público, quienes deben reportar el contrato ante la Superintendencia de Transporte. Además, el establecimiento educativo tiene la responsabilidad de asegurarse de que su contraparte cumpla con todas las obligaciones contractuales...