Marco normativo para equipos GPS y servicios de transporte terrestre automotor de carga
Proviene de: Conceptos
28 de enero de 2026 11:2:12
La Coordinación del Grupo de Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte respondió una solicitud sobre la normativa aplicable a la comercialización de equipos GPS, la prestación de servicios de rastreo en tiempo real y los requisitos para empresas que operan en el transporte terrestre automotor de carga.
Normatividad para comercialización e instalación de equipos GPS
Para maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, clasificada en ciertas subpartidas arancelarias, es obligatorio incorporar un sistema permanente de posicionamiento global (GPS) u otro dispositivo de seguridad y monitoreo electrónico, según lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa (Decreto 1070 de 2015).
La Policía Nacional es la autoridad encargada de fijar las condiciones técnicas del equipo, su instalación, funcionamiento y monitoreo, así como los parámetros para autorizar a los proveedores de servicios. La Resolución 02086 de 2014 regula estos aspectos, estableciendo procedimientos para la autorización, registro y control de proveedores, incluyendo mecanismos para la suspensión del registro en caso de incumplimiento.
Servicios de transporte terrestre automotor de carga
La Ley 336 de 1996 y el Decreto 1079 de 2015, modificado por el Decreto 1017 de 2025, definen el servicio público de transporte terrestre automotor de carga como aquel prestado por empresas legalmente constituidas y habilitadas para movilizar cosas a cambio de una remuneración económica. Para operar, estas empresas deben obtener habilitación del Ministerio de Transporte, cumpliendo con requisitos técnicos, jurídicos y financieros, y utilizar vehículos homologados y matriculados para la modalidad correspondiente.
Se distingue claramente entre el servicio público y el privado de transporte. El servicio privado es...
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.
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