La Resolución DIAN No. 000054 de 2024 fue expedida en atención al mandato del artículo 87 de la Ley 2342 de 2023, que estableció una política de priorización de actuaciones en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Esta resolución definió criterios para iniciar procesos administrativos, presentar denuncias penales y ejercer el control de reparación directa, siempre bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia. Dado que la Ley 2342 de 2023 corresponde a la ley anual de presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, su duración está limitada al período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2024. El artículo que fundamentó la resolución expiró junto con la ley, sin que se haya previsto una extensión. Con base en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la resolución ha perdido su fuerza ejecutoria por decaimiento. Esto significa que, aunque el acto sigue existiendo formalmente, carece de obligatoriedad y no puede ser aplicado ni producir efectos jurídicos futuros.

Fundamento legal y consecuencias

Este fenómeno se fundamenta en el principio de legalidad, que impide a la administración pública mantener vigentes actos cuyo fundamento normativo ha desaparecido. La autoridad competente no puede continuar aplicando un acto general sin soporte jurídico. Es importante destacar que la pérdida de ejecutoriedad no afecta la validez intrínseca ni la presunción de legalidad de la resolución. La resolución mantiene su existencia en el ordenamiento jurídico, pero ha perdido la capacidad de ser exigida para su cumplimiento. La doctrina y jurisprudencia indican que este decaimiento opera automáticamente, sin necesidad de un acto expreso que declare la cesación...