Entidades Emisoras y Marco Normativo
La Resolución No. 359 del 4 de diciembre de 2025, emitida por la Procuraduría General de la Nación, y la Resolución No. 014572 del 3 de diciembre de 2025, expedida por la Subdirección Logística de la Dirección de Gestión Corporativa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE-DIAN), establecen el proceso administrativo para la donación de mercancías. Estas decisiones se fundamentan en artículos de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley 262 de 2000 modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021, y las disposiciones del Decreto 1165 de 2019, entre otras normas pertinentes.
Objeto y destinatarios de la resolución
El tema central es la donación de mercancía —en particular, televisores LED de 43" marca JVC modelo LT-43KM348— que la DIAN ofrece a la Procuraduría General de la Nación. La donación responde a la solicitud de la Procuraduría con el fin de fortalecer el bienestar institucional de sus servidores públicos, funcionarios y contratistas. La resolución está dirigida a la Procuraduría como entidad beneficiaria y a la Coordinadora del Grupo de Almacén e Inventarios de esta entidad, a quien se delega formalmente la competencia para adelantar los trámites de materialización y legalización de la donación.
Objetivo y principales regulaciones
El objetivo es autorizar y formalizar la donación de las mercancías, estableciendo un procedimiento claro para su entrega, custodia y uso. Entre las principales decisiones destacan:
- La delegación de competencias a la Coordinadora del Grupo de Almacén e Inventarios para realizar los trámites administrativos relacionados con la donación.
- La autorización expresa para que la Procuraduría retire físicamente los televisores del recinto de almacenamiento en Buenaventura, dentro de un plazo de diez días hábiles después de la notificación.
- La responsabilidad de la Procuraduría en la correcta destinación de la mercancía para cumplir con sus funciones institucionales.
- La prohibición expresa de comercializar o vender la mercancía donada, salvo en casos de baja por obsolescencia, en cuyo caso deberá ser desnaturalizada y gestionada como chatarra.
- La obligación de hacer público el reconocimiento a la DIAN como entidad donante y de remitir evidencias de la correcta utilización de los bienes donados.
- La contabilización adecuada de la mercancía en los estados financieros y reportes a la DIAN.
Fundamento legal y procedimientos
El proceso se fundamenta en normas aduaneras y tributarias que regulan la disposición de mercancías decomisadas, aprehendidas o abandonadas a favor de la Nación. Entre ellas se destacan los artículos 171, 736, 742, 743 y 745 del Decreto 1165 de 2019, que establecen las condiciones para el abandono legal, modalidades de disposición, donación, controles y retiro de mercancías.
La DIAN, como entidad encargada de la gestión logística y disposición de bienes, verifica el cumplimiento de requisitos y procedimientos para la donación, incluyendo la manifestación de interés formal por parte de la Procuraduría y la inspección física de la mercancía.
Plazos y responsabilidades
El retiro de la mercancía debe efectuarse en un plazo máximo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución de donación, con posibilidad de prórroga en casos justificados. Los costos asociados al almacenamiento, transporte y demás correrán por cuenta de la entidad beneficiaria.
Además, se establece que la Procuraduría debe remitir evidencias de la destinación de los bienes y reportar su incorporación y egreso en inventarios, garantizando la trazabilidad y transparencia del proceso. La DIAN tiene la facultad de informar a los entes de control en caso de irregularidades en la destinación.
Impacto potencial
Esta resolución ejemplifica un procedimiento administrativo que facilita la reutilización de bienes decomisados o abandonados, promoviendo el uso eficiente de recursos públicos. Al fortalecer el bienestar institucional de la Procuraduría, se busca mejorar las condiciones laborales y operativas de sus servidores, contribuyendo indirectamente a la eficiencia en la función pública. Asimismo, el riguroso control y seguimiento establecido garantiza la transparencia y adecuación legal en la disposición de bienes públicos.
En conclusión, la donación autorizada y regulada mediante estas resoluciones representa un acto administrativo que une la gestión aduanera con el fortalecimiento institucional, bajo un marco normativo claro y detallado que protege los intereses del Estado y promueve el buen uso de los recursos públicos. Esta iniciativa es un ejemplo de cooperación interinstitucional que contribuye al desarrollo eficiente y transparente del sector público.
