Contexto y Emisión de la Resolución

La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, emitió la Resolución No. 102957 de 2025 el 5 de diciembre de 2025, para resolver recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 24835 de 2025. Esta última sancionó a tres asociaciones de padres de familia por violar el régimen de libre competencia previsto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, a través de acuerdos colusorios en procesos de selección contractual adelantados por la Gobernación del Cauca.

Objeto y Destinatarios de la Resolución

La resolución se dirige principalmente a las asociaciones sancionadas y a sus representantes legales y colaboradores, quienes fueron investigados por sus presuntas conductas anticompetitivas. La finalidad es confirmar las sanciones impuestas y resolver las inconformidades planteadas en los recursos, garantizando el respeto al debido proceso y la legalidad administrativa.

Principales Decisiones y Regulaciones

Se confirma en todos sus términos la Resolución Sancionatoria, excepto por una corrección relativa a los plazos y formas de pago de la sanción económica. Se rechazan las solicitudes de nulidad presentadas por las asociaciones y sus representantes, tras analizar exhaustivamente los argumentos y pruebas ofrecidas. La Superintendencia valida la legalidad y pertinencia de las pruebas recaudadas, especialmente las obtenidas mediante visitas administrativas y análisis forenses de dispositivos electrónicos, así como testimonios y documentos que evidencian la coordinación ilícita.

Base Legal y Fundamentación Jurídica

El acto administrativo se fundamenta en la Ley 1340 de 2009, el Decreto 2153 de 1992, y normas complementarias como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y el Código General del Proceso. La resolución sostiene que la conducta investigada constituye una infracción autónoma por objeto, sancionable sin necesidad de demostrar efectos en el mercado. Además, se reafirman principios constitucionales como la libre competencia económica, el debido proceso y la correcta valoración probatoria mediante la sana crítica.

Principales Hallazgos y Evidencias

La investigación evidenció que las asociaciones concertaron la repartición de zonas para participar en licitaciones públicas, evitando competir entre sí, y simularon competencia en otros procesos para aumentar sus probabilidades de adjudicación. Se identificó la utilización conjunta de asesorías jurídicas y contables, la presentación de documentos con notables similitudes y la obtención de pólizas de seguros expedidas por el mismo intermediario en fechas y números consecutivos. Asimismo, se encontraron documentos editables de unas asociaciones en los dispositivos informáticos de otras, lo cual confirmó el intercambio de información sensible.

Impacto y Relevancia de la Resolución

Esta resolución reafirma el compromiso de la Superintendencia de Industria y Comercio con la protección de la libre competencia en la contratación pública, destacando la gravedad de la colusión y su impacto negativo en la eficiencia administrativa, el uso adecuado de los recursos públicos y el bienestar social. Asimismo, clarifica la aplicación del régimen sancionatorio administrativo y la valoración probatoria en casos complejos de coordinación ilícita.

Aspectos Procesales y Recursos

La Superintendencia resolvió que las solicitudes de nulidad y recusación presentadas fueron improcedentes o infundadas, y que los actos administrativos recurridos están debidamente motivados. Además, se estableció que no procede recurso alguno contra esta decisión, en atención a lo previsto por la Ley 1340 de 2009 y la Ley 1437 de 2011. Se corrigieron aspectos formales relacionados con el pago de la sanción y se ordenó notificar personalmente a las partes involucradas, así como comunicar la decisión a la Fiscalía General de la Nación.

Conclusión

La Resolución No. 102957 de 2025 consolida el análisis y las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección a la libre competencia, resaltando la importancia del control efectivo en procesos de contratación pública para prevenir y sancionar prácticas restrictivas que afectan la economía social de mercado y el interés público. Este pronunciamiento jurídico constituye un precedente relevante para la vigilancia y sanción de colusiones en el ámbito estatal, promoviendo la transparencia y competencia en los mercados públicos. Así, se espera que este tipo de decisiones fortalezcan la confianza en las instituciones y contribuyan a un entorno de negocios más justo y competitivo en Colombia.