Contexto y referencia normativa
El proyecto de decreto, anunciado por el Ministerio del Interior en 2026, buscaría adicionar el Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. Esta adición estaría orientada a reglamentar el artículo 110 de la Ley 2294 de 2023, “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida”. El decreto también se fundamentaría en diversas disposiciones constitucionales y legales, así como en recomendaciones internacionales y sentencias constitucionales relacionadas con los derechos a la participación, protesta pacífica y diálogo social.
Tema y propósito principal del proyecto
El proyecto de decreto tendría como propósito general adoptar la Política Pública de Diálogo Social (PPDS) en el marco de la Seguridad Humana. Su objetivo principal sería fortalecer la efectividad del diálogo social como mecanismo para la gestión, tratamiento y transformación de conflictos, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza territorial y la promoción de una cultura de paz en Colombia. La política estaría dirigida a todos los ciudadanos, con especial énfasis en grupos históricamente marginados como niños, jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, víctimas y defensores de derechos humanos, entre otros.
Modificaciones y medidas específicas propuestas
El proyecto propondría la creación de un marco normativo y metodológico para la implementación de la Política Pública de Diálogo Social, incluyendo la institucionalización de instancias y mecanismos que faciliten la participación ciudadana y la gestión pacífica de conflictos sociales. Entre las medidas específicas se incluirían:
- Creación del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida (SNCPV), adscrito al Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, con el objetivo de articular escenarios de convivencia y concertación para reducir conflictos derivados de interacciones sociales e institucionales.
- Establecimiento del Comité de Observación y Análisis para la Transformación Social (COATS), como instancia técnica de articulación interinstitucional para la identificación, análisis y tratamiento de conflictos sociales a nivel nacional, regional, local y temático.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Conflictos Sociales y Diálogo Social (SINGESCO), creado por el Decreto 1130 de 2022, para garantizar la resolución pacífica de conflictos mediante diálogo intercultural y participación ciudadana.
- Definición de ejes y líneas estratégicas para el fortalecimiento institucional, la inclusión de grupos marginados, la armonización normativa con estándares internacionales, el abordaje preventivo de la conflictividad social, y el impulso a la resiliencia comunitaria y la reconstrucción del tejido social.
- Implementación de enfoques integrales basados en derechos humanos, género y diversidad, territorialidad, curso de vida, enfoque étnico, discapacidad e interseccionalidad para garantizar una participación plural y efectiva.
Acciones y disposiciones institucionales
La implementación de la Política Pública de Diálogo Social estaría a cargo del Ministerio del Interior, en coordinación con entidades nacionales, territoriales y organizaciones sociales. El Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos lideraría la coordinación y supervisión de los procesos. El decreto establecería la creación de mesas y espacios de diálogo social formalizados para atender conflictos específicos, además de mecanismos propios de organizaciones étnicas y sociales basados en su autonomía.
El proyecto también contemplaría un Plan de Acción, Seguimiento y Evaluación con una vigencia de diez años, que debería ser concertado con las entidades responsables y actualizado al inicio de cada periodo presidencial. El Ministerio del Interior presentaría informes anuales y un informe final para evaluar avances y resultados.
Participación de actores clave
El diseño y ejecución de la política involucrarían a diversas entidades públicas, organizaciones sociales, comunidades afectadas y sectores privados. El Ministerio del Interior actuaría como ente rector y coordinador, trabajando en conjunto con gobernaciones, alcaldías y demás organismos públicos. Asimismo, se promovería la participación activa de grupos poblacionales diversos y organizaciones sociales para asegurar procesos inclusivos y representativos.
Información adicional y participación ciudadana
El proyecto de decreto está acompañado del “Documento Base Política Pública de Diálogo Social en el Marco de la Seguridad Humana”, que sustenta técnica y conceptualmente la política y formaría parte integral del decreto. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior habría determinado que el proyecto no requeriría consulta previa, dado que no afectaría directamente los atributos específicos de las comunidades étnicas. En caso de publicarse oficialmente, se esperaría la apertura de espacios para que la ciudadanía pueda conocer el texto completo y participar con comentarios conforme a los mecanismos previstos por la entidad emisora.
