Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue instaurada por un particular en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de Decisión, que revocó una providencia previa del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena de Indias. En primera instancia, el juzgado había declarado patrimonial y solidariamente responsables a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a una sociedad concesionaria de obras viales por omisión en la señalización, la cual habría causado un accidente de tránsito con lesiones personales. El actor alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, argumentando que la Sala Segunda de Decisión incurrió en una valoración irrazonable de la prueba, otorgando valor absoluto a un informe policial no ratificado y desestimando arbitrariamente el testimonio presencial de un testigo. Además, denunció la omisión de la verificación del cumplimiento del Plan de Manejo de Tráfico y del Manual de Señalización Vial, así como la aplicación errónea del estándar para determinar el nexo causal del accidente.

Procedimiento y argumentos de las partes

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió inicialmente la acción de tutela y notificó a las partes interesadas, incluyendo la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías, la sociedad concesionaria y el juzgado de origen. En sus informes, el juzgado y la Sala Segunda de Decisión defendieron la legalidad y razonabilidad de sus decisiones, resaltando que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y requiere la demostración de una vulneración flagrante de derechos fundamentales, lo cual no se evidenció en...