Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada en primera instancia contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Tercera de Decisión Laboral, con el fin de proteger el derecho fundamental al debido proceso. La controversia surgió luego de que dicha autoridad modificara una decisión previa del Juzgado Laboral del Circuito Judicial, en un proceso ordinario relacionado con materia laboral. El accionante consideró que la sentencia de segunda instancia emitida el 26 de junio de 2025 vulneró sus garantías constitucionales.

Competencia y regulación aplicable

El Consejo de Estado, en ejercicio de sus funciones, estudió la competencia para conocer la acción de tutela interpuesta contra una autoridad jurisdiccional de segundo grado. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y la reglamentación establecida en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000, que regulan la acción de tutela y su reparto, se han implementado mecanismos para racionalizar y desconcentrar el conocimiento de estos procesos, facilitando el acceso a la justicia. Posteriormente, mediante los Decretos 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, se incorporaron criterios orgánicos para determinar la competencia, estableciendo que las tutelas contra jueces o tribunales deben ser remitidas para su conocimiento en primera instancia al superior funcional de la autoridad accionada. En este caso, dado que el accionado es un Tribunal Superior, corresponde que la acción de tutela sea conocida por su superior funcional, es decir, por la Corte Suprema de Justicia.

Decisión adoptada

El Consejo de Estado, mediante auto, decidió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que esta autoridad realice...