Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para conocer de las solicitudes de cambio de radicación de procesos administrativos. La solicitud se derivó de un proceso inicialmente tramitado en el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-23-33-000-2021-00793-00.

Antecedentes fácticos y procesales

En mayo de 2021, una sociedad demandante interpuso acción contra el Municipio de Medellín con el objetivo de anular una resolución administrativa que ordenaba la expropiación de una parte de su predio, solicitando además una indemnización millonaria. Durante el trámite, el tribunal local admitió llamamientos en garantía a la Empresa de Desarrollo Urbano y a otras entidades, generando controversias procesales y recursos por parte de la demandante, quienes alegaron irregularidades y violaciones al debido proceso. La demandante argumentó que el llamamiento en garantía se basó en un contrato interadministrativo cuyo objeto era exclusivamente social, técnico y jurídico para estudio de títulos, y no facultativo para adquisición de bienes inmuebles ni para intervenir como parte procesal en el procedimiento expropiatorio. Además, solicitó el cambio de radicación del proceso ante el Consejo de Estado, alegando afectación al orden público, a la imparcialidad judicial y a las garantías procesales.

Consideraciones centrales de la decisión

El Consejo de Estado recordó que el cambio de radicación es una figura excepcional que implica la alteración del juez natural, principio denominado “perpetuatio jurisdictionis”. Este mecanismo sólo procede cuando se acrediten circunstancias graves y externas al proceso...