Providencia judicial en segunda instancia sobre medida cautelar registral

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en segunda instancia, resolvió un recurso de alzada subsidiario interpuesto por los demandados contra el auto del Juzgado 7 Civil del Circuito de Bogotá, fechado el 7 de junio de 2025. Este auto decretó la nueva inscripción de una demanda en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a un proceso divisorio.

Antecedentes fácticos y procesales

La controversia se originó en un juicio divisorio promovido por una sociedad promotora, cuyo objeto era la inscripción de la demanda en el registro inmobiliario pertinente. Los demandados impugnaron la decisión alegando que la Superintendencia de Notariado y Registro había cancelado previamente la medida cautelar por caducidad, conforme a la Resolución n°2025-00737-6. Argumentaron que ni la parte actora ni el juzgador solicitaron la prórroga de la medida, lo que implicaría la pérdida del derecho a mantener la inscripción preventiva. El expediente llegó al Tribunal el 15 de diciembre de 2025 para resolver el recurso interpuesto.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Tribunal recordó que las medidas preventivas en materia registral tienen un carácter protector y buscan alertar a las partes y terceros interesados sobre la existencia de un proceso judicial que afecta bienes inmuebles. En los procesos divisorios, tanto bajo el Código de Procedimiento Civil como bajo la normatividad vigente – citado el inciso 1º del artículo 409 del Código General del Proceso –, es obligatorio registrar la demanda en los asientos correspondientes. Se destacó que la Ley 1579, en su pauta 64, establece un término de vigencia de diez años para las medidas cautelares adoptadas por el juez. Sin embargo, antes de la expiración de dicho plazo, el juez o las partes pueden solicitar la renovación para evitar la pérdida de eficacia de la medida. Asimismo, el Tribunal citó jurisprudencia que señala que, para recuperar los efectos de una cautela cancelada, es necesario obtener un nuevo pronunciamiento judicial que ordene la inscripción nuevamente, ya sea decretando una segunda cautela o reiterando el registro previamente decretado. En este caso, aunque ni el juez ni la parte actora solicitaron inicialmente la renovación ante la autoridad registral, nada impedía que el interesado solicitara nuevamente la medida al juez, como finalmente ocurrió. Por lo tanto, el argumento de los demandados carece de fundamento jurídico.

Decisión del Tribunal

Con base en lo anterior, el Tribunal Superior confirmó el auto del Juzgado 7 Civil del Circuito que ordenó la nueva inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria. Se dispuso la devolución del expediente a la dependencia judicial de origen para continuar con las diligencias correspondientes. Esta decisión reafirma la importancia de la vigilancia y solicitud oportuna de renovación de medidas cautelares registrales en procesos relacionados con bienes inmuebles, garantizando la protección de los derechos de las partes involucradas y la seguridad jurídica en el tráfico registral. De esta manera, se fortalece la confianza en el sistema registral y se promueve la estabilidad en las transacciones inmobiliarias, beneficiando a la sociedad en general.