Providencia del Consejo de Estado en segunda instancia

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, profirió un auto con fecha 12 de febrero de 2026, en el marco de un proceso acumulado que cuestiona la legalidad del Decreto 1469 de 2025, a través del cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 en $1.750.905, lo que representa un aumento del 23% respecto al año anterior.

Antecedentes fácticos y procesales

El decreto impugnado fue expedido por el presidente de la República, en conjunto con los ministros del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, tras el fracaso de la concertación tripartita en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL). En el acto, se incorporó el concepto de “salario vital” basado en un estudio técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual sirvió como referente para justificar la magnitud del incremento salarial. Numerosos demandantes, entre ellos representantes gremiales, empresarios y ciudadanos, solicitaron la nulidad del decreto y la suspensión provisional de sus efectos, argumentando violaciones al artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y a principios constitucionales. Alegaron que el aumento no se sustentó en una ponderación técnica, razonada y suficiente de los parámetros legales obligatorios —inflación observada, meta de inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y crecimiento del PIB— y que la inclusión del “salario vital” como criterio principal desplazó indebidamente dichos parámetros. Las autoridades demandadas, incluyendo el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la...