Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un auto dentro del procedimiento ejecutivo a continuación de sentencia, en el cual se resolvió una solicitud relacionada con el pago de un depósito judicial. La providencia tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación económica derivada de un litigio entre una entidad fiduciaria y la Nación, representada por la Fiscalía General.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso ejecutivo fue promovido por una entidad fiduciaria en calidad de vocera y administradora de un fideicomiso, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. En primera instancia, mediante auto fechado el 9 de diciembre de 2025, el Tribunal ordenó el pago del depósito judicial No. 413230004091998, por un valor de $23.195.694, a favor de la parte ejecutante, mediante abono a una cuenta de ahorros específica del Banco de Occidente, conforme a la certificación bancaria aportada. Sin embargo, el Contador del Tribunal informó el 10 de febrero de 2026 que no fue posible tramitar la orden de pago debido a que la cuenta bancaria indicada correspondía a una entidad diferente, con un número de identificación tributaria distinto al señalado en la providencia. Esto generó la necesidad de revisar y aclarar los datos del beneficiario para proceder correctamente. Previamente, el Tribunal había requerido a la parte ejecutante la certificación bancaria actualizada, la cual fue aportada en octubre de 2025. Adicionalmente, se detectó que la representación legal y el nombre de la entidad habían cambiado en el transcurso del proceso, por lo que se solicitó acreditar el cambio en la identificación de la parte ejecutante. Esta información fue presentada y puesta en conocimiento de la parte demandada.

Consideraciones del Tribunal y decisión final

El Tribunal constató que la certificación bancaria válida y actualizada para el pago es aquella aportada en octubre de 2025, la cual corresponde a la entidad fiduciaria que actúa como vocera y administradora del fideicomiso. No obstante, el Contador había atendido una certificación bancaria antigua, aportada en 2022, que contenía información incorrecta sobre la cuenta destino. En consecuencia, el Tribunal resolvió requerir al Contador de la Corporación que proceda con el pago del depósito judicial conforme a la certificación bancaria actualizada y correcta, ordenada en el auto del 9 de diciembre de 2025. Además, dispuso comunicar esta decisión a las partes involucradas para garantizar la transparencia y el debido proceso. Esta providencia busca asegurar la correcta ejecución de la orden judicial y evitar errores administrativos que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso. La actuación cuidadosa del Tribunal refleja la importancia de verificar la información bancaria y documental en trámites judiciales que implican movimientos económicos. --- Esta resolución evidencia la atención del Tribunal Administrativo de Antioquia en mantener la integridad y exactitud en la ejecución de sus órdenes, y la relevancia de la coordinación entre las áreas administrativas y judiciales para el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales, garantizando así la protección de los derechos de las partes involucradas y la eficiencia en la administración de justicia.