Contexto y tribunal competente

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda instancia, emitió el Auto Interlocutorio No. 012/2026 el 22 de enero de 2026, en el marco de un proceso de reparación directa. La providencia fue proferida por el Magistrado Ponente y responde a la necesidad de ajustar el procedimiento a un cambio jurisprudencial relevante dictado por el Consejo de Estado.

Antecedentes del caso

El proceso se originó a raíz de demandas presentadas contra entidades estatales, incluyendo el Ministerio de Defensa y diferentes fuerzas armadas, relacionadas con hechos de desplazamiento forzado en el departamento de Bolívar. Previamente, el tribunal había admitido el recurso de apelación sin advertir a las partes sobre el cambio jurisprudencial en la caducidad del medio de control, ni ofrecer oportunidad para presentar pruebas adicionales o alegatos vinculados a este viraje. Posteriormente, la parte demandante solicitó la reapertura de la fase de alegatos y la práctica de nuevas pruebas para ajustarse a las reglas establecidas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El tribunal fundamentó su decisión en precedentes de la Corte Constitucional, específicamente en las Sentencias T-044 de 2022 y SU-167 de 2023, que establecen el deber procesal del juez administrativo de reabrir la fase de alegatos ante cambios jurisprudenciales que impacten el derecho de las partes a un debido proceso y acceso efectivo a la justicia. La providencia señala que la reapertura permitirá a las partes presentar argumentos y pruebas relacionados con la configuración de la caducidad del medio de control, conforme a la nueva jurisprudencia, evitando así una preterición material de la etapa de alegatos. Además, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-429 de 2024, sostuvo que la falta de readecuación del proceso frente a un cambio jurisprudencial puede afectar derechos fundamentales como la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Pruebas y diligencias ordenadas

El tribunal admitió una prueba documental que evidencia la presencia de grupos armados ilegales en Bolívar entre 2005 y 2015, período que impidió superar la condición de desplazamiento. También decretó varias pruebas testimoniales orientadas a esclarecer las barreras que enfrentaron los demandantes para acceder a la justicia. Se fijó para el 17 de febrero de 2026 la audiencia virtual para recibir las declaraciones de parte y testimonios, la cual se realizará a través de la plataforma Microsoft Teams. A las partes se les otorgará un plazo de diez días después del cierre de la etapa probatoria para presentar sus alegatos de conclusión, tras lo cual la Sala emitirá sentencia en un término de veinte días. Otras pruebas documentales aportadas fueron rechazadas por considerarse impertinentes o no relacionadas directamente con el objeto del proceso.

Impacto y alcance

Esta providencia representa una aplicación práctica del principio de prevalencia del derecho sustancial y refuerza la obligación de los jueces de garantizar las garantías procesales frente a cambios jurisprudenciales que afectan el curso de los procesos administrativos. Además, reafirma el compromiso con la protección de derechos fundamentales en casos complejos como el desplazamiento forzado. El auto interlocutorio contribuye así a la seguridad jurídica y a la adecuada administración de justicia en procesos de reparación directa, asegurando que las partes puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y a un proceso justo. Con esta decisión, el Tribunal Administrativo de Bolívar reafirma su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de las víctimas, promoviendo procesos judiciales más equitativos y ajustados a la evolución del derecho.