Tribunal Administrativo de Boyacá confirma caducidad en acción de reparación directa contra Municipio de Güicán de la Sierra por vertimiento de aguas residuales
Proviene de: Sentencias
20 de febrero de 2026 8:57:42
Providencia y competencia
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en segunda instancia, resolvió el recurso de apelación contra la sentencia anticipada proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa presentado por los afectados contra el Municipio de Güicán de la Sierra. La competencia para conocer la apelación está prevista en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y el análisis se limitó a los argumentos expuestos por la parte apelante según el artículo 328 del Código General del Proceso.
Antecedentes fácticos y procesales
Los demandantes, propietarios y poseedores de un inmueble rural denominado “Los Humaderos”, denunciaron que desde 2010 el Municipio de Güicán de la Sierra ha vertido aguas residuales provenientes del casco urbano en dicho predio. Este vertimiento ha generado la formación de lagunas de oxidación, proliferación de mosquitos y malos olores, afectando la producción agropecuaria y el ambiente sano, derecho constitucionalmente protegido.
En el año 2011, el cónyuge de una de las demandantes informó ante la Personería Municipal sobre los daños evidentes en la finca, incluyendo inundaciones, agrietamientos y deslizamientos, relacionados con el vertimiento de aguas negras. A pesar de una sentencia previa en acción popular que ordenaba la construcción de una planta de tratamiento, el municipio no cumplió con esta medida.
La demanda fue presentada en 2021, buscando la declaración de responsabilidad administrativa y patrimonial del municipio, así como la reparación de perjuicios materiales y morales, y la ejecución de obras restaurativas para descontaminar y recuperar el predio...
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.
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