Contexto y competencia judicial

La decisión fue adoptada en segunda instancia por la Sala de Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. El tribunal analizó los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Juzgado 1° Administrativo de Sogamoso, que favoreció a la demandante docente frente a la Nación, representada por el Ministerio de Educación y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Antecedentes fácticos y procesales

En el caso concreto, la docente solicitó inicialmente el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas en abril de 2017, trámite que por deficiencias en la radicación documental no fue considerado válido para efectos legales. Posteriormente, radicó formalmente la solicitud el 8 de agosto de 2017. La Secretaría de Educación de Sogamoso reconoció las cesantías mediante resolución el 2 de octubre de 2017, notificada el 9 de octubre de ese año. Sin embargo, el pago efectivo de las cesantías se realizó hasta marzo de 2018, después de que la docente enfrentara dificultades para cobrar los fondos debido a una devolución bancaria. Ante la falta de respuesta a su petición de pago de la sanción moratoria presentada en noviembre de 2018, se configuró un silencio administrativo negativo, que motivó la demanda contra las entidades públicas responsables.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El Tribunal revisó el cumplimiento de los plazos legales establecidos en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que regulan el reconocimiento y pago oportuno de cesantías a servidores públicos. Según estas normas, una vez radicada la solicitud válida, la...