Emisor, fecha y contexto de la resolución

La Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE 0152 fue emitida el 18 de febrero de 2026 por la Contraloría General de la República, entidad constitucionalmente encargada de la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración pública. Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial No. 53.405 el 20 de febrero de 2026. Su expedición se fundamenta en mandatos constitucionales y legales, en especial los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, así como en decretos y leyes que regulan el control fiscal, el acceso a la información pública y el fortalecimiento institucional mediante procesos tecnológicos.

Tema principal y destinatarios

El asunto central es la adopción de un procedimiento institucional para la gestión de alertas tempranas generadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), órgano técnico especializado de la Contraloría. Estas alertas se originan a partir del análisis de información y datos públicos y privados relacionados con la gestión fiscal, con el propósito de identificar riesgos de daño al patrimonio público. El destinatario directo de esta resolución es la misma Contraloría y sus dependencias internas, especialmente la Diari y los Contralores Delegados, quienes deben aplicar este procedimiento para mejorar la eficacia de la vigilancia fiscal. Indirectamente, la sociedad se beneficia al garantizar una administración pública más transparente y eficiente.

Objetivo y finalidad de la resolución

La resolución tiene como finalidad principal establecer reglas claras, uniformes y articuladas para la generación, análisis, validación, seguimiento y socialización de las alertas tempranas que permitan una reacción oportuna frente a posibles irregularidades fiscales. Busca institucionalizar un proceso ordenado y técnico que promueva la eficiencia en el control fiscal, apoyado en la analítica avanzada, minería de datos e inteligencia artificial, conforme a las disposiciones vigentes que autorizan el acceso y manejo de información pública sin restricciones para la Contraloría.

Decisiones y regulaciones clave

Entre sus decisiones más relevantes, la resolución adopta formalmente el procedimiento para la gestión de alertas tempranas, el cual incluye etapas definidas desde la atención de solicitudes hasta la generación de alertas y activación de actuaciones preventivas o reactivas. Además, crea el Comité de Socialización de Alertas Tempranas como instancia permanente encargada de revisar, validar, hacer seguimiento y evaluar dichas alertas. Este comité se reunirá mensualmente y podrá convocarse extraordinariamente según la naturaleza de las alertas. El comité estará presidido por el Director de la Diari e integrado por jefes de unidades de esta dirección, Contralores Delegados competentes, analistas responsables y expertos técnicos según sea necesario. La participación en las sesiones es obligatoria, preferiblemente presencial, aunque se permite la modalidad virtual en casos justificados. También se establece la publicación del procedimiento en el sistema interno de gestión para garantizar su transparencia y acceso institucional.

Base legal y modificaciones

La resolución se sustenta en la Constitución Política y en normas como el Decreto Ley 267 de 2000, el Decreto Ley 2037 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020, que regulan la función de control fiscal, el acceso y manejo de información, y la organización interna de la Contraloría, en particular la creación y funciones de la Diari. No se identifican derogatorias específicas, sino una reglamentación complementaria que desarrolla y operacionaliza las disposiciones legales previas, en línea con el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 y el marco de arquitectura empresarial para la transformación digital.

Impacto potencial

Este procedimiento institucionaliza un mecanismo técnico y coordinado para la gestión de alertas tempranas, lo que puede mejorar significativamente la capacidad de la Contraloría para detectar y reaccionar frente a riesgos fiscales de manera preventiva y concomitante. El uso de tecnologías avanzadas y el fortalecimiento de la articulación interna promueven la eficiencia, la transparencia y la protección del patrimonio público, beneficiando a la administración estatal y a la ciudadanía en general. En conclusión, la adopción de este procedimiento representa un avance importante en la modernización y efectividad del control fiscal, garantizando una vigilancia más proactiva y fundamentada en el análisis riguroso de la información, contribuyendo así a la sostenibilidad y buen manejo de los recursos públicos.