Contexto y antecedentes del caso

El pasado 12 de septiembre de 2024, un ciudadano interpuso demanda contra la Resolución presidencial número 0345 del 30 de agosto de 2024, que designó a determinados gestores de paz con el fin de contribuir en la estructuración del proceso de paz con un grupo armado organizado. Inicialmente, la demanda fue presentada bajo el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, pero posteriormente fue adecuada a simple nulidad conforme al artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. La resolución cuestionada se sustentó en diversas normas constitucionales y legales, entre ellas el artículo 22 de la Constitución Política que establece la paz como derecho y deber, así como en leyes relacionadas con la política de paz y la suspensión condicional de penas para miembros de grupos armados al margen de la ley. La designación de los gestores de paz tuvo un plazo de seis meses y abarcó todo el territorio nacional. El demandante solicitó la suspensión provisional inmediata de los efectos de dicha resolución, argumentando que su aplicación representaba un riesgo para las víctimas, la seguridad pública y la estabilidad del proceso de paz. Alegó que el acto otorgaba roles de poder a personas vinculadas a crímenes graves sin haber pasado por procesos judiciales que garantizaran los derechos a la verdad, justicia y reparación, vulnerando así principios constitucionales como la dignidad humana, igualdad y el deber estatal de protección a las víctimas.

Posición de la entidad accionada y terceros interesados

La Presidencia de la República se opuso a la suspensión provisional señalando que la solicitud carecía de fundamentación suficiente y...