Contexto y competencia jurisdiccional

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, conoció en segunda instancia un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas por una empresa de servicios públicos domiciliarios dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica (en adelante, la empresa demandante) contra actos administrativos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). La controversia se centra en la sanción pecuniaria impuesta a la empresa por presuntas violaciones a la regulación del sector eléctrico, especialmente relacionadas con la facturación incorrecta a usuarios en unidades inmobiliarias sometidas al régimen de propiedad horizontal y la limitación al acceso de información requerida para la facturación de cargos por uso de los sistemas de transmisión regional (STR) y distribución local (SDL).

Antecedentes fácticos y procesales

La investigación administrativa iniciada en 1998 se originó por quejas de otras empresas prestadoras del servicio y comunicaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que señalaron que la empresa demandante facturaba a usuarios de copropiedades bajo una tarifa correspondiente a un nivel de tensión superior (nivel II), cuando estos recibían el suministro en un nivel inferior (nivel I), contraviniendo la normatividad vigente. Además, se le imputó impedir el acceso a operadores de red a la información necesaria para verificar consumos y facturar correctamente. La SSPD, mediante resoluciones emitidas entre 1999 y 2000, impuso una multa que inicialmente equivalía a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que luego fue reducida a 676 salarios mínimos. La empresa demandante impugnó...