Contexto y naturaleza de la decisión

La providencia analizada corresponde a un auto emitido por la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, instancia máxima en materia contencioso-administrativa. Este auto resuelve una solicitud de medidas cautelares presentada en el curso de un proceso ejecutivo, orientado a garantizar el cumplimiento de una obligación dineraria previamente establecida en sentencia.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se origina tras la declaración de responsabilidad patrimonial en contra de un particular, derivada de una acción de repetición instaurada por una entidad fiduciaria. La sentencia emitida en 2017 reconoció dicha responsabilidad, y en 2020 se libró mandamiento de pago por un valor superior a trescientos treinta y dos millones de pesos. Posteriormente, se ordenó continuar con la ejecución para hacer efectiva la obligación, fijándose en 2024 un crédito definitivo que incluye el capital y las costas procesales, ascendiendo a más de trescientos cuarenta y dos millones de pesos. En febrero de 2025, la parte ejecutante solicitó el embargo y retención de dineros depositados en dos cuentas de ahorro bancarias atribuidas al ejecutado. Asimismo, pidió que se oficie a la Superintendencia de Notariado y Registro para conocer la existencia de bienes inmuebles registrados a nombre del demandado.

Consideraciones jurídicas y fundamentos del auto

El despacho judicial fundamentó su decisión en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en particular en los artículos 593 y 599, que regulan el embargo y secuestro de bienes desde la presentación de la demanda y establecen límites cuantitativos para dichas medidas. En este caso, el monto...