Contexto y antecedentes del caso

El caso se originó a partir de una demanda de reparación directa presentada contra la Nación, específicamente contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, debido a lesiones sufridas por una persona en julio de 2014. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Popayán negó las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la segunda instancia, a cargo del Tribunal Administrativo del Cauca, revocó dicha decisión mediante sentencia del 26 de junio de 2025, declarando la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado y condenando al pago de perjuicios morales y daño a la salud a favor de la víctima y sus familiares. Posteriormente, la parte actora solicitó la corrección de la sentencia, argumentando que en la parte resolutiva había un error en la digitación del nombre de una de las beneficiarias, quien fue identificada de manera diferente en documentos oficiales aportados al proceso.

Consideraciones jurídicas del Tribunal

El Tribunal Administrativo del Cauca analizó la solicitud de corrección bajo el marco normativo del Código Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso. Aunque el primero no regula expresamente la corrección de errores en providencias, el artículo 267 remite a las disposiciones del procedimiento civil en lo compatible, y el artículo 286 del Código General del Proceso establece que los errores aritméticos o de omisión en la parte resolutiva pueden corregirse mediante auto, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte. No obstante, el Tribunal destacó que la sentencia de segunda instancia ya contenía, en sus notas al pie, una aclaración expresa sobre la identidad de...