Contexto y naturaleza de la decisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, emitió un auto interlocutorio en primera instancia el 9 de febrero de 2026, en el marco del proceso de protección de derechos e intereses colectivos instaurado contra el municipio de La Vega y otros. La decisión corresponde a la resolución de un recurso de reposición interpuesto contra un auto anterior que dispuso el impulso procesal y la continuación del trámite con las pruebas disponibles.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso fue abierto a la etapa probatoria en febrero de 2017, durante la cual el despacho judicial ordenó la práctica y complementación de diversas pruebas para esclarecer los hechos. En enero de 2026, el juez decidió prescindir de un dictamen pericial que requería financiación externa y fijó fecha para la recepción del interrogatorio de parte. El apoderado de los accionantes interpuso recurso de reposición alegando que la Defensoría del Pueblo no se había manifestado negativamente sobre la financiación, sino que simplemente no respondió, y que el despacho debería haber realizado un nuevo requerimiento. También objetó la decisión sobre el desistimiento del interrogatorio de una de las partes y la incorporación de ciertos documentos al acervo probatorio.

Consideraciones jurídicas y fundamento del fallo

El tribunal confirmó que el recurso de reposición fue interpuesto dentro del término legal y que el apoderado de los accionantes cuenta con legitimidad para recurrir. Sin embargo, señaló que la Defensoría del Pueblo fue requerida reiteradamente desde diciembre de 2022 para pronunciarse sobre la financiación del informe técnico, sin que haya emitido respuesta alguna. Por consiguiente, el término...