Contexto y antecedentes del proceso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub-sección "A", conoció un proceso instaurado mediante demanda de protección de derechos e intereses colectivos. La demanda fue presentada por un ciudadano en ejercicio del medio de control, en contra del Presidente de la República, diversos ministerios y departamentos administrativos, bajo la alegación de que se habría vulnerado la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. Específicamente, se denunció el presunto uso indebido de los recursos públicos de comunicación para posicionar la imagen del mandatario y su partido político, con miras a las elecciones del año 2026. El demandante solicitó, entre otras medidas, que se ordenara a las entidades públicas abstenerse de utilizar recursos para propaganda política, desinformación o posicionamiento de imagen, así como la creación de un comité de verificación para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Inicialmente, el Tribunal inadmitió la demanda por falencias en su presentación, otorgando un plazo para su subsanación. Sin embargo, al no cumplirse dicho requerimiento, se dictó auto rechazando la demanda. Contra esta decisión, el accionante interpuso recurso de apelación.

Consideraciones jurídicas y alcance del recurso de apelación

El Tribunal, en su análisis, recordó que el trámite de las acciones populares está regulado por la Ley 472 de 1998, que establece que contra los autos dictados durante el trámite solo procede el recurso de reposición, salvo en los casos en que se profiera sentencia de primera instancia o se decreten medidas cautelares, providencias que sí son apelables. La Sala Plena del Consejo de Estado ha reiterado esta interpretación, precisando que el auto que rechaza una demanda...