Naturaleza y objeto del Acuerdo Único

El Acuerdo Único es un acto administrativo de carácter interadministrativo expedido por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial (CCDJ) de la DIAN, en cumplimiento de las facultades conferidas por la Ley 2220 de 2022 y diversas resoluciones regulatorias. Su esencia radica en la compilación orgánica de los acuerdos vigentes emitidos por el Comité desde 2011 hasta 2025, con el propósito de simplificar, sistematizar y facilitar la consulta y aplicación de las políticas de prevención del daño antijurídico y defensa judicial de la entidad. Este acuerdo unifica criterios y procedimientos sobre temas variados que abarcan desde la defensa en procesos tributarios y aduaneros, hasta aspectos laborales, penales y contractuales. Además, establece mecanismos específicos para la selección y seguimiento de abogados externos, aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), y directrices para la actuación en conciliaciones, preacuerdos, principios de oportunidad y procesos judiciales en general.

Ámbito de aplicación y actores involucrados

El Acuerdo Único tiene un ámbito nacional, aplicable en todas las dependencias de la DIAN a nivel central y regional. Es de obligatorio cumplimiento para los integrantes permanentes del Comité —compuesto por altos directivos de la entidad como el Director General o su delegado, directores de gestión corporativa, jurídica y fiscalización, entre otros— así como para los funcionarios invitados que participan en calidad de expertos o asesores. La Secretaría Técnica del Comité, ejercida por un funcionario público profesional del derecho, es la encargada de coordinar las actividades del Comité, elaborar actas, emitir certificaciones y supervisar el cumplimiento de las decisiones adoptadas.

Principales disposiciones y compromisos

El acuerdo establece:

• Políticas específicas para la defensa en procesos tributarios, incluyendo la revisión de actos administrativos relacionados con impuestos al patrimonio, fiscalizaciones tributarias, impuesto a la riqueza y contribuciones específicas.
• Líneas de defensa en materia aduanera, especialmente en casos de aprehensión y decomiso de mercancías, con énfasis en la protección de terceros poseedores de buena fe y la aplicación rigurosa del principio de legalidad.
• Directrices para la actuación en procesos penales vinculados a delitos como contrabando, corrupción y evasión fiscal, incluyendo criterios para oponerse a principios de oportunidad y preacuerdos cuando no se ajusten al interés público.
• Reglas sobre la gestión de procesos laborales y de seguridad social, en particular en demandas relacionadas con primas técnicas y pagos de incentivos para el personal de planta y supernumerarios.
• Procedimientos para la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la solicitud de conceptos ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los arreglos directos.
• Directrices para la celebración y aprobación de contratos de transacción, como mecanismo para resolver controversias contractuales antes de la judicialización.
• Lineamientos para la solicitud, práctica y contradicción de dictámenes periciales en procesos judiciales, como herramienta probatoria especializada.
• Medidas para prevenir el daño antijurídico, incluyendo la socialización y seguimiento efectivo de políticas en áreas administrativas y misionales que puedan generar responsabilidades.
• Procedimientos rigurosos para la vinculación oportuna de responsables solidarios o subsidiarios en procesos contra personas jurídicas en liquidación.
• Normas sobre la solicitud y defensa en casos de reparación directa por actos de enriquecimiento sin causa relacionados con sentencias constitucionales recientes.
• Regulación sobre la presentación de oposiciones a condenas en costas y el reconocimiento de agencias en derecho en los procesos judiciales.

Impacto potencial y relevancia para la comunidad y la administración pública

Este Acuerdo Único representa un avance significativo en la institucionalización y racionalización de la gestión jurídica de la DIAN. Al compilar y actualizar las políticas de conciliación y defensa judicial, contribuye a:

• Mejorar la seguridad jurídica y la predictibilidad en la actuación administrativa y judicial de la entidad.
• Optimizar la gestión de conflictos legales, evitando dilaciones y promoviendo soluciones eficientes a través de mecanismos alternativos.
• Fortalecer la protección del patrimonio público mediante una defensa coherente y especializada en materias tributarias, aduaneras y penales.
• Garantizar la transparencia y el debido proceso en la toma de decisiones administrativas y judiciales, promoviendo la observancia de principios constitucionales como la legalidad, igualdad, moralidad y eficacia.
• Facilitar la capacitación y actualización continua de los servidores públicos y abogados que representan a la entidad.

Además, el acuerdo pone en evidencia el compromiso del Estado colombiano con la racionalización normativa y la mejora continua de sus procedimientos, en concordancia con políticas públicas orientadas a la eficiencia y simplificación administrativa.

Sustento legal y mecanismos de seguimiento

El Acuerdo Único se fundamenta principalmente en el artículo 120 de la Ley 2220 de 2022, que establece las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, y en las resoluciones que regulan el Modelo de Gestión Jurídica para la DIAN. También respeta los principios constitucionales y legales que rigen la función pública y la administración de justicia. Para garantizar su cumplimiento, el Comité debe presentar informes semestrales sobre la gestión y ejecución de las políticas adoptadas, los cuales se publican en la página web de la entidad, asegurando la transparencia y el control social.

Conclusión

El Acuerdo Único del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN es un instrumento clave para la defensa jurídica estatal y la gestión administrativa eficiente en Colombia. Su alcance abarca múltiples áreas del derecho público y establece un marco normativo claro, actualizado y riguroso que fortalece la actuación institucional y protege los intereses del Estado y de la comunidad en general, promoviendo así un sistema jurídico más eficiente, transparente y justo.