Antecedentes del caso

La sentencia T-390 de 2025 analizó una acción de tutela presentada por veinte resguardos de la Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Awá (UNIPA) contra diversas entidades públicas y privadas, incluyendo empresas petroleras y autoridades ambientales y territoriales. Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos por la contaminación derivada de múltiples perforaciones ilegales en el oleoducto trasandino, que afectaron gravemente el acceso al agua potable y la integridad del territorio. La Corte constató la responsabilidad del Estado en la falta de acciones coordinadas para prevenir, mitigar y reparar el daño ambiental y social, y ordenó la suspensión del oleoducto hasta que se implementaran medidas de protección adecuadas. Además, se establecieron diversas órdenes para garantizar el acceso al agua potable, realizar diagnósticos ambientales, desarrollar planes de restauración ecológica y adoptar programas integrales de salud para las comunidades afectadas.

Solicitud de aclaración y adición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una solicitud para aclarar y adicionar varias órdenes de la sentencia, argumentando que algunas competencias asignadas excedían su ámbito legal y proponiendo la inclusión expresa de otras entidades responsables, como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio del Interior, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Entre las principales solicitudes estuvo la precisión del alcance de su rol en la garantía del acceso al agua potable, la coordinación de instancias de diálogo con el pueblo Awá y otras comunidades, la participación activa de las empresas operadoras del oleoducto...